Una semana después de la operación militar estadounidense que derivó en la captura del venezolano Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una crisis política, diplomática y humanitaria. El operativo, ejecutado el 3 de enero de 2026, reconfiguró el equilibrio interno del país y provocó una fractura regional, con gobiernos que respaldan la acción de Washington y otros que la califican como una violación a la soberanía venezolana.
Durante la madrugada del 3 de enero, ataques aéreos y operaciones especiales coordinadas por Estados Unidos se desplegaron en Caracas y puntos estratégicos. Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico. Maduro se declaró no culpable durante su comparecencia inicial. La rapidez del operativo generó reacciones inmediatas: Israel respaldó la acción, mientras que Rusia, Irán, Cuba y China la condenaron.
Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina el 5 de enero en una sesión de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo. La oposición, encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González —reconocido por Estados Unidos como ganador de las elecciones de 2024— rechazó la legitimidad del nuevo gobierno. González afirmó que la intervención “no es suficiente” y exigió la liberación de presos políticos y el respeto a los resultados electorales.
Además del impacto político, Washington anunció un endurecimiento del control sobre las exportaciones petroleras venezolanas. Autoridades estadounidenses informaron sobre la intercepción de buques tanque que transportaban crudo venezolano. Trump anunció un acuerdo para que hasta 50 millones de barriles sean enviados a Estados Unidos. Analistas internacionales han advertido que esta estrategia podría asfixiar financieramente al Estado venezolano.
La respuesta internacional ha sido dispar: Cuba, Rusia, Irán y China denunciaron la operación como una violación al derecho internacional; Francia advirtió sobre prácticas de “nuevo colonialismo”. En contraste, Israel respaldó públicamente la intervención. A siete días del hecho persisten interrogantes sobre el proceso judicial contra Maduro en EE.UU., la capacidad del gobierno interino chavista bajo Delcy Rodríguez —que exige su liberación— frente a una oposición fortalecida pero bajo presión externa; así como el impacto humanitario y social tras las sanciones económicas reforzadas.