La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) acordaron implementar la Alianza Estratégica para la Atención Especializada a Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la atención especializada a esta población que ha sido víctima del delito y violaciones a derechos humanos.

Con este plan de trabajo se implementarán estrategias orientadas a fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y las instituciones que lo integran, entre ellas, se contempla desarrollar un diagnóstico como primer paso para implementar capacitaciones dirigidas a personas servidoras públicas y mejorar los procesos de atención.

Durante el proceso para la generación de esta alianza, la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada y la representante adjunta de Unicef en México, Pressia Arifin-Cabo, coincidieron en la importancia de fortalecer las capacidades institucionales. Al formalizar el inicio de los trabajos, la coordinadora de Vinculación Estratégica de la CEAV, Lucia Juárez Mejía, manifestó que ninguna persona decide ser víctima, pero cuando un hecho transforma la vida de alguien y para siempre la CEAV está para hacerle más fácil el camino hacia la reconstrucción de su proyecto de vida.

“Nada es más importante que proteger a las niñas, niños y adolescentes, quienes no solamente no deciden ser víctimas, sino que nunca debieron serlo”.

Por su parte, la representante adjunta de UNICEF, Pressia Airfin-Cabo aseguró que esta alianza es importante porque permite avanzar en el objetivo de contribuir para que, en el año 2025 las niñas, niños y adolescentes del país vivan en entornos más seguros, libres de violencia y explotación.

Destacó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de este año se cometieron más de 16 mil delitos contra niñas, niños y adolescentes; 5 mil fueron víctimas de lesiones dolosas y acontecimientos que no son aceptables.

Este escenario, llama a unir esfuerzos para garantizar que accedan a una reparación integral, como lo establece la Ley General de Víctimas.