El Plan B electoral impulsado por el Gobierno federal, que contempla modificar cuatro artículos de la Constitución, ha generado debate por su posible impacto político, especialmente en el artículo 35. Arturo Sánchez, exconsejero del INE y profesor del Tec de Monterrey, explicó que esta propuesta busca adelantar la consulta de revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones federales de 2027. En entrevista con José Cárdenas, el especialista detalló que el cambio permitiría que la consulta sobre la permanencia presidencial se realice el mismo día de la elección de diputados y procesos locales. Esto modificaría el sentido original del mecanismo, diseñado para evaluar el desempeño tras tres años de gobierno. Sánchez alertó que adelantar la revocación implicaría que quien ocupe la presidencia pueda realizar campaña nacional mientras sigue en funciones. Según su análisis, esto abriría la puerta a promover su permanencia al mismo tiempo que se desarrollan campañas legislativas. Además, advirtió que este escenario podría influir directamente en los resultados electorales, ya que un llamado a votar por la continuidad presidencial se traduciría en votos para el partido en el poder. Subrayó que se mezclarían dos decisiones distintas: elegir representantes y decidir la continuidad presidencial. El experto destacó que este cambio podría beneficiar principalmente a Morena al concentrar votos durante la jornada electoral. Incluso mencionó que partidos aliados como el PT podrían verse afectados al perder respaldo electoral. Respecto al alcance real de la reforma, Sánchez afirmó que la propuesta ya no representa una reforma integral, pues no modifica el artículo 41 constitucional, eje del sistema electoral mexicano. Consideró que si no se aprueba el artículo 35, el resultado sería una reforma limitada. Finalmente, explicó que si no se aprueba la reforma constitucional completa aún existe posibilidad de modificar leyes secundarias en materia electoral lo cual podría generar ajustes en operación del INE. El debate continuará en Congreso donde definirá alcance final Plan B sus implicaciones sistema democrático.