La discusión sobre la reforma electoral avanzó en el Senado en medio de un fuerte choque entre partidos. La propuesta, que plantea ampliar la llamada democracia participativa con figuras como referéndum, plebiscito y revocación de mandato, generó acusaciones de autoritarismo y búsqueda de ventaja política. La oposición advirtió que estos mecanismos, al ser concurrentes con elecciones de gobernadores y alcaldes, podrían influir en los resultados locales y favorecer al partido con mayor presencia nacional.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve, acusó que la iniciativa tiene un objetivo “autoritario” y busca consolidar a Morena como partido dominante. Desde Morena, el senador Alejandro Murat defendió otro punto polémico: el voto electrónico para estos ejercicios. Señaló que en Brasil hubo certeza en pocas horas en una elección cerrada y que este sistema podría generar ahorros a mediano y largo plazo.
Otro foco de debate es el control financiero. La reforma plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga acceso a operaciones bancarias de los partidos para fortalecer la fiscalización. Sin embargo, la oposición cuestiona que al mismo tiempo se le reduzcan recursos. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que se busca dejar sin dinero al INE para tomar su control y anunció su voto en contra porque no se incluyen sanciones severas, como la pérdida de registro para partidos que reciban dinero del crimen organizado.
La iniciativa también incluye medidas como prohibir aportaciones en efectivo a partidos y candidatos –para cerrar la puerta al financiamiento ilícito– y vetar el nepotismo impidiendo que cargos de elección sean heredados a familiares directos, aunque esta regla aplicaría hasta 2030. Asimismo, contempla voto en el extranjero y diputaciones migrantes. Pese a ello, legisladores como Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, sostienen que varias medidas debilitan el pluralismo político.