El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instaló más de cien módulos en todo el país para que pequeños productores agrícolas con pozos o títulos de concesión de agua puedan regularizar su situación de manera rápida y sencilla. Esta medida permitirá a las y los productores acceder a los apoyos federales relacionados con el campo y fortalecer la gestión hídrica nacional.
Durante una reunión informativa en Aguascalientes, el subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, anunció la instalación de módulos en coordinación con Agricultura, reiterando el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar una gestión ordenada y sustentable en materia de concesiones. Explicó que se otorgará un plazo de seis meses para actualizar o regularizar los títulos vencidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.
Por su parte, el coordinador general de Eficiencia Hídrica Agroalimentaria de Agricultura, Jesús Vázquez Lizárraga, informó sobre el inicio del proceso de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola 2026 (PEUA), que ofrece tarifas preferenciales para el uso de energía eléctrica destinada al riego y otras actividades productivas. “Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del campo aguascalentense, impulsando su productividad y sostenibilidad”, subrayó.
Los módulos de atención se ubican en las oficinas de Conagua, Agricultura y en sedes itinerantes. En Aguascalientes, operan en la Dirección Local de Conagua, en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural de Pabellón de Arteaga, Calvillo y Villa Juárez, así como en las oficinas de Agricultura. Además, las personas interesadas pueden realizar su trámite en línea mediante la Ventanilla Digital de Conagua en ventanilladigital.conagua.gob.mx.
Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de México para ordenar el uso de las aguas nacionales, otorgar certeza jurídica a las y los usuarios, y fortalecer la productividad agrícola. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación beneficia a productores de los sectores agrícola, pecuario y acuícola, así como a municipios con títulos de uso público urbano, fomentando una gestión hídrica equitativa y sostenible.