La política comercial de Estados Unidos volvió al centro del debate internacional tras un fallo de la Suprema Corte que limitó el alcance de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La resolución redefine el uso de herramientas ejecutivas en materia económica y abre un nuevo escenario para socios estratégicos como México. La discusión gira en torno a la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley promulgada en 1977 que otorga facultades al presidente para regular transacciones financieras ante amenazas "inusuales y extraordinarias" del extranjero.

La Suprema Corte determinó, con seis votos a favor y tres en contra, que Trump excedió su autoridad al utilizar la IEEPA para imponer y modificar aranceles de manera amplia. La resolución anuló parcialmente las tarifas previamente aplicadas, impactando directamente a sectores clave del comercio bilateral con México, como el automotriz y el metalúrgico. Históricamente, esta ley se había usado para sancionar a individuos o países específicos, pero su aplicación para aranceles generales generó controversia legal.

Tras el fallo, Trump adelantó que impondrá un nuevo arancel global del 10%, amparado en una ley comercial de 1974, que entraría en vigor en tres días. Este esquema sería general y no sectorial, modificando la estructura del impacto económico. Un arancel universal del 10% representa una presión menor frente a tasas previas de 25% o 50%, pero mantiene incertidumbre en los mercados internacionales.

Se prevé que el gobierno estadounidense podría verse obligado a emitir reembolsos por aproximadamente 175 mil millones de dólares, equivalentes al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. Este factor añade presión fiscal interna y podría influir en futuras decisiones comerciales y presupuestarias.