El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 14 de enero que los pagos federales a los estados se detendrán el próximo 1 de febrero por sus llamadas 'ciudades santuario'. En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que 'a partir del primero de febrero, no se harán más pagos por parte del gobierno federal a los estados por sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario'. El mandatario no especificó a qué fondos o estados concretos se refería con esta medida, reiterando un comentario realizado el día anterior.

Esta amenaza se produce en un contexto legal complejo. En agosto, un juez federal ya impidió que la administración de Trump retuviera la financiación a más de 30 jurisdicciones, entre las que se encuentran Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago. Estas localidades se han negado a cooperar con las políticas de línea dura del gobierno federal en materia de inmigración. La orden judicial solo afecta a las jurisdicciones que se adhirieron al caso específico, el cual sigue pendiente de resolución. Además, se han presentado múltiples demandas adicionales relacionadas con la financiación y las políticas de santuario en todo el país.

Las llamadas ciudades santuario son localidades donde los gobiernos locales aplican políticas que restringen la cooperación con agentes federales de inmigración como el ICE (Immigration and Customs Enforcement). Entre sus prácticas comunes destacan: que la policía local no interroga a las personas por su estatus migratorio al detenerlas; no se comparten datos migratorios con autoridades federales sin una orden judicial; y se garantiza el acceso a servicios como salud, educación y protección civil independientemente del estatus migratorio. El objetivo declarado de estas medidas es proteger a las comunidades migrantes de detenciones arbitrarias y deportaciones sin fundamento.

Entre las principales ciudades santuario del país figuran algunas de las urbes más pobladas: Nueva York (Nueva York), Los Ángeles (California), Chicago (Illinois), San Francisco (California), Seattle (Washington), Philadelphia (Pensilvania) y Boston (Massachusetts). La confrontación entre estas jurisdicciones y el gobierno federal continúa siendo uno de los frentes abiertos clave en la política migratoria estadounidense.