El objeto principal es otorgar la facultad a la Sala Constitucional para establecer criterios jurisprudenciales

Para dar cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el diputado Diego Orlando Garrido López del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial local.

La iniciativa presentada tiene como objeto principal otorgar la facultad a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para establecer criterios jurisprudenciales de aplicación obligatoria para los Juzgados de Tutela de la Ciudad de México, para clarificar la ambigüedad de la ley en la resolución de controversias en materia de derechos humanos, afirmó el legislador.

Dijo que los Juzgados de Tutela serán la primera instancia en la resolución del también novedoso Medio de Control Constitucional, llamado acción de protección efectiva de derechos, mecanismo por el cual los jueces tutelares conocerán de manera directa de violaciones a los derechos humanos de los afectados.

“La segunda instancia será la Sala Constitucional y sus resoluciones serán obligatorias para estos juzgados de primera instancia, por ello vemos la facultad de crear que la Sala Constitucional expida la Jurisprudencia, para que los magistrados de esta Sala apliquen una interpretación constitucional amplia y propersona en todos los casos, para generar criterios fijos y obligatorios para los jueces de primera instancia”, argumentó ante el pleno.

Agregó que el juzgador no deberá llevar una aplicación mecánica de la norma, en contrario deberá interpretar el sentido y los alcances de la misma. Ya que la jurisprudencia tiene la misión de clarificar la norma y unificar la interpretación de ella, sirve además como una fuente de inspiración o contemporización al momento de su aplicación.

Cabe señalar que al permitir que la Sala Constitucional emita jurisprudencia se intenta dar mayor certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, “en tanto la aplicación de la ley en materia de derechos humanos, ya que dichos criterios darán claridad a los posibles vacíos legales garantizando así un acceso efectivo a la impartición de justicia”, expresó Garrido López.

“Buscamos facilitarle a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y a los Jueces de Tutela la aplicación e interpretación de la norma. El ciudadano podrá sentirse seguro y el juzgador contará con las herramientas jurídicas idóneas para atender su asunto y resolver, no sólo lo que diga la ley sino haciendo valer criterios jurisprudenciales en su beneficio”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y a la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.