Hace once años se creó el Seminario de Políticas Culturales como un espacio para reflexionar y discutir las líneas propuestas por el Estado mexicano en la materia. En ese marco, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2016, se llevó a cabo el panel “¿Todo sigue igual en política cultural?”, el cual contó con la participación del antropólogo Diego Prieto Hernández, encargado de la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En la discusión compartida con los críticos y gestores culturales Carlos Lara, Eduardo Cruz Vázquez y Eduardo Nivón, el secretario técnico del INAH recordó que una década atrás, la publicación del libro Políticas culturales en México: 2006-2020. Hacia un plan estratégico de desarrollo cultural, buscaba perfilar mejoras en este sentido, no con miras en el cambio de un sexenio presidencial, sino más allá, hacia el acceso y ejercicio de la cultura en México en el siglo XXI.

A una década de distancia, Diego Prieto comentó que una deuda sigue siendo —como lo había planteado Néstor García Canclini en dicho volumen— la creación de una Secretaría de Cultura y Comunicación, bajo el entendido de que la política cultural y educativa requiere las herramientas comunicativas como vehículo: producciones audiovisuales y el uso de las telecomunicaciones en general, a la par que éstas pueden encontrar una perspectiva desde la cultura.

Sin duda, dijo, en este lapso dos avances sustanciales fueron la reforma en 2009 al artículo cuarto constitucional que incluye el derecho a la cultura y el reconocimiento de nuestro país como una nación pluricultural; así como la creación en septiembre de 2015 de la Secretaría de Cultura. Ambos refrendan la política de una cultura de Estado, expresó a los asistentes reunidos en el Salón 3 de la FIL Guadalajara.

Además de anexar a instancias del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura incorpora a organismos como los institutos nacionales de Derechos de Autor, de Lenguas Indígenas y de Estudios de las Revoluciones de México; además de sustentarse, como organismos desconcentrados, en los institutos nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia.

“La Secretaría de Cultura abre una gran ventana de oportunidad para diseñar y relanzar una política cultural. Me parece que este organismo viene a plantear la discusión en torno a la dirección de la política cultural, sin disociar su estrecho vínculo con la educación, que debe tener un ancla en la cultura y viceversa”, manifestó el antropólogo Diego Prieto.

Pero los pendientes son más, en orden: la defensa del presupuesto al sector y la necesidad tanto de una Ley de Cultura como de un Plan Nacional de Cultura. En virtud de la reducción presupuestal a la cultura en 2017, se requerirá analizar mecanismos que permitan sortearla, sin que esto incurra en el detrimento de resultados de los proyectos culturales.

En lo que respecta a la legislación, estimó que la redacción de una Ley de Cultura permitirá hacer exigibles derechos y recursos, lo único que posibilitará la expresión, la difusión y manifestación de la diversidad cultural. Mientras, un Plan Nacional de Cultura (que se conectaría con el Programa Especial de Cultura y Arte) trazaría las prioridades y las líneas de articulación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales en la materia.

Diego Prieto consideró que las fortalezas de la política cultural en México están en sus propias instituciones, entre ellas el INAH, que al ser responsable del patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico, “es la más importante del país”, como lo señaló en su oportunidad Mara Robles, rectora del Centro Universitario de Los Altos, quien fungió como moderadora del panel.

Para el comunicólogo e investigador, Carlos Lara, nada sigue igual en este sentido, pasados 10 años. Se dio una reforma constitucional, la creación de una Secretaría de Cultura y la expedición de un reglamento —que en su opinión debería derivar en una Ley General de Cultura, y no una ley reglamentaria que sería limitada—, lo que contribuirá a la toma de decisiones de manera colegiada.

Defendió la idea de que por encima del recorte presupuestal, deben elaborarse propuestas con metodologías adecuadas y probadas que conduzcan a estrategias culturales más eficientes y eficaces para el impulso a la lectura, desarrollo de los creadores y sus proyectos, y el cuidado y preservación del patrimonio; y no destinar recursos a obras de relumbrón, costosas e inútiles. “Es más lamentable tener el recurso y no saberlo aplicar, que no tenerlo”.

Otro aspecto a resaltar, anotó el autor de Voces, ecos y propuestas para la agenda cultural del siglo XXI, es que la cultura es hoy un tema de Estado en el que intervienen jueces y el Poder Legislativo, lo cual redunda no sólo en el acceso a la cultura, sino en su ejercicio, siendo un tema actual lo concerniente al derecho de autor. De ahí que la comunidad cultural debe estar más vinculada.

Por su parte, el periodista y gestor cultural, Eduardo Cruz Vázquez, hizo hincapié en que a la política cultural no le ha correspondido una política económica, de manera que urgió a que se presente el Programa de Trabajo del sector para 2017, además de hacer público en “qué se gastará el dinero” para evitar subejercicios en el presupuesto asignado.

Finalmente, el doctor en antropología, Eduardo Nivón, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que debe aprovecharse la creación de una nueva secretaría para actualizar el aparato cultural, cuestión que debe tomarse en cuenta en la redacción de la Ley de Cultura. “La política cultural es un pacto cotidiano, lo que debemos cuidar es que en nuestras instituciones y en la legislación, dicho pacto sea el centro de nuestras actividades”.