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La diputada Edith Anabel Alvarado Varela (PRI) promueve un exhorto a las instituciones de salud para que implementen acciones, programas y políticas encaminadas a erradicar la violencia obstétrica en instituciones públicas y privadas del sector salud y así proteger a la mujer en esta situación.
Una modalidad de violencia que en los últimos años en nuestro país ha afectado a las mujeres de manera constante pero silenciosa, es la llamada a€œviolencia obstétricaa€, entendida como a€œel tipo de violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeresa€.
Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente en trato deshumanizado hacia la mujer embarazada y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual. En México, cerca del 25 por ciento de las mujeres embarazadas o en parto perciben que enfrentan violencia obstétrica, es decir, maltrato u omisiones al acudir a las instituciones de salud.
La cifra podría ser mayor, ya que, por un lado, no hay un registro oficial sobre este tipo de violencia y muchas conductas no son vistas por ellas como afectación a sus derechos humanos debido a que piensan que a€œmientras menos se quejen, se les atenderá mejor en los hospitalesa€; por el otro, muchas no saben dónde reportar este maltrato, y en otras ocasiones temen denunciarlo para evitar que posteriormente se les niegue la atención.
Alvarado Varela manifestó que los tratos negativos a las mujeres van desde el menosprecio de sus sentimientos, pasando por el despojo de elementos significativos en el trabajo de parto, como las pulseras rojas que les dan seguridad, hasta no permitirles acciones como caminar, estar acompañadas o aplicarles procedimientos innecesarios y, en un extremo, esterilizarlas sin su consentimiento.
Las agresiones ejercidas por médicos, enfermeros o camilleros se agudizan cuando las mujeres no tuvieron control prenatal y llegan al parto sin información previa, por lo que se les responsabiliza de las complicaciones que pudieran presentar ellas y sus bebés.
La diputada priista argumentó que el panorama en esta materia es muy desolador ya que las propias autoridades no le han dado la debida importancia. Basta señalar que sólo 17 entidades del país cuentan con normatividad específica sobre violencia obstétrica.
Dijo que resulta pertinente que el Sistema Nacional de Salud colabore con las instituciones de educación superior que imparten las carreras de medicina y enfermería, con el fin de fomentar entre los estudiantes la necesidad de evitar y eliminar la violencia obstétrica en los hospitales.
Refirió que es necesario que las los congresos de los estados y la Asamblea legislativa de la Ciudad de México, trabajen en este rubro con el objeto de proteger a las mujeres en esta situación.
