La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V., y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

A través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social se sancionó a la empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios con una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación de 1 año, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024, para la contratación del “Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias, para el Régimen Ordinario y Programa IMSS Bienestar”; consistente en tres contratos de compraventa con los que pretendió acreditar que contaba con la experiencia y especialidad requerida. La notificación de la sanción se realizó el 18 de junio de este año.

Por otra parte, el OIC en el Servicio Postal Mexicano, impuso una multa de 171 mil 972 pesos e inhabilitación de tres meses a la empresa Atv de Sahuayo, porque actuó con mala fe al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025, para la adquisición de “Cascos de Protección para Motociclista”; toda vez que adjuntó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad. La notificación de la sanción se realizó el pasado 29 de junio de 2026.

Las sanciones referidas aparecen hoy publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias.