Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Gobernación (Segob), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) dieron a conocer los detalles sobre el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), calificado como el único caso de corrupción durante la actual administración. Luisa María Alcalde Luján, titular de Segob, destacó que desde que se detectó el posible daño al erario, el presidente instruyó investigar a fondo y evitar la impunidad.

En respuesta, Segob, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Fiscalía General de la República (FGR) coordinaron esfuerzos para proporcionar toda la información necesaria, abrir las carpetas de investigación y comenzar las acciones legales pertinentes. Paralelamente, la SFP y el nuevo director de Segalmex, Leonel Cota Montaño, formaron un grupo de trabajo para esclarecer las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y asegurar la transparencia del proceso.

Roberto Salcedo Aquino, titular de la SFP, informó que de los 9,500 millones de pesos observados en las cuentas públicas de 2019 y 2020, 4,700 millones han sido aclarados con evidencia, mientras que 2,100 millones están en proceso de revisión y 2,700 millones no han sido justificados. A raíz de esto, se han presentado denuncias penales ante la FGR, y se han remitido expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar posibles faltas graves.

Grisel Galeano García, titular de la PFF, señaló que ya se han presentado 156 denuncias relacionadas con el caso, que cubren un total de 2,700 millones de pesos de daño patrimonial. Las acusaciones incluyen delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. De las personas involucradas, 47 fueron investigadas, 26 vinculadas a proceso y 9 son exservidores públicos. Una de estas personas está en proceso de extradición desde Argentina.

El caso Segalmex se ha convertido en un símbolo de la postura anticorrupción del gobierno de López Obrador. A través de estas acciones, se busca reafirmar que no se tolerará la impunidad y que todos los responsables, tanto públicos como privados, enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.