_ El Programa de Caminos Artesanales que impulsa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) durante 2025 avanza de manera significativa en 11 estados del país, con obras que beneficiarán a más de 136 mil habitantes. Estas construcciones, realizadas por mujeres y hombres de las propias comunidades, forman parte de una estrategia de infraestructura que busca mejorar la conectividad, fortalecer las economías locales y garantizar acceso a servicios básicos en regiones rurales e indígenas.
A lo largo del año, se contempla la edificación de 135 caminos que sumarán 432 kilómetros, con una inversión total de 3 mil millones de pesos. Hasta el momento, se han ejercido mil 674.70 millones de pesos, lo que representa el 55.8 por ciento del presupuesto programado. Para consolidar este esfuerzo, la SICT y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas firmaron 160 acuerdos con comunidades, asegurando la participación directa de las y los pobladores en la construcción de los caminos.
El avance por entidad revela un desarrollo desigual, pero constante: Durango registra 56 kilómetros con 79.7 por ciento de progreso; Veracruz, 10 kilómetros al 70 por ciento; Jalisco y Sonora mantienen avances superiores al 40 por ciento; mientras que Oaxaca, Guerrero y Puebla muestran avances importantes pese a la complejidad de su geografía. Estas obras no solo mejoran la movilidad, sino que refuerzan la cohesión social mediante la participación comunitaria.
El programa también destaca por su impacto en regiones indígenas, donde la falta de conectividad limita el acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio. La construcción de caminos artesanales permite que los beneficios sean inmediatos para las comunidades, ya que la mano de obra proviene directamente de ellas, generando empleo local y fortaleciendo las economías familiares.
De 2025 a 2030, la SICT proyecta construir un total de 2 mil 500 kilómetros de caminos artesanales con una inversión de 15 mil millones de pesos. El objetivo es claro: transformar el acceso terrestre en zonas históricamente marginadas y promover un modelo de infraestructura que combine inclusión social, igualdad de género y participación comunitaria como elementos clave para el desarrollo regional.
