_ En el parque cercano a la casa el domingo pasado había un grupo de personas muy entusiastas distribuyendo volantes y tratando de convencer a los paseantes a que participen en la consulta del próximo primero de agosto sobre el juicio a los expresidentes de México.
La pregunta que se hará a los ciudadanos el día de la consulta es: “Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
El cuestionamiento en sí se me hace muy rebuscado, pero ahí está y no lo van a cambiar ya. El texto fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en caso de participar, qué mexicano se negaría a que se aplique la justicia contra los responsables de las crisis cíclicas en el país, expresidentes o no.
La Junta General del Instituto Nacional Electoral estima un gasto de mil 499 millones de pesos para llevar a cabo esa consulta. El organismo señaló que se instalarán para ello 104 mil 667 casillas en lugar de las 164 mil 550 que se colocaron el pasado 6 de junio durante las elecciones intermedias.
El INE informó también que ya concluyó la impresión de las 93.5 millones de papeletas con las que se va a votar el primero de agosto. Cuentan con cuatro medidas de seguridad para evitar su falsificación.
Para que esta consulta tenga validez vinculatoria, es decir, para que sea válida legalmente, deberá haber un mínimo de 37 millones y medio de participantes, 75 por ciento de los 49 millones de personas que salieron a votar en el reciente proceso electoral del 6 de junio.
El principal promotor de esta consulta es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que “no es un asunto de venganza”. Él mismo anunció desde hace tiempo que no votaría, aunque no aclaró la razón de su negativa.
Otra promotora, la diputada morenista Gabriela Jiménez Godoy aseguró que este tipo de consultas no son exclusivas de México porque se realizan en Europa y en América en países como Bolivia, Ecuador, Colombia y Uruguay, por mencionar algunos.
Mientras tanto, en su editorial del 10 de julio pasado, el diario español El País advirtió que todo hace prever un gran fiasco y para la historia – recalca -- sólo quedará un ejercicio de funambulismo político (caminar sobre un delgado alambre) y el desgaste inútil de un procedimiento de gran valor democrático.
La realidad es que en la consulta se va a gastar mucho dinero que se podría usar para otras necesidades urgentes del país. Además, es un ejercicio inútil porque quienes participen votarán lógicamente por el sí.
Por cierto, a dos de las personas que estaban volanteando en el parque el domingo pasado para promover la consulta, les contesté brevemente con una pregunta ¿Y por qué no nos ahorramos la consulta y simplemente se aplica la ley?
