Con una inversión histórica de 350 millones de pesos y la meta de beneficiar a más de 100 mil personas, el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INRLGII) y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) firmaron un convenio de colaboración para brindar atención médica gratuita y personalizada a personas con discapacidad durante 2025. La alianza se enmarca en una estrategia nacional que busca cerrar las brechas de acceso a servicios de salud especializados con base en evidencia científica y tecnología de vanguardia.

El convenio, firmado durante el Encuentro Nacional de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2025, establece un modelo de atención centrado en cuatro ejes: validación técnica de dispositivos médicos, estandarización de protocolos clínicos, diagnóstico territorial de necesidades, y capacitación continua para personal médico y paramédico. La inversión contempla la entrega gratuita de prótesis, implantes cocleares, auxiliares auditivos y sillas de ruedas en todo el país.

Durante la firma del acuerdo, el director general de la APBP, José Alfredo Cordero Esquivel, subrayó que se trata de una política con enfoque social que responde a una deuda histórica del Estado con las personas con discapacidad. Por su parte, Carlos Javier Pineda Villaseñor, director general del INRLGII, destacó que más de 8.8 millones de personas viven con discapacidad en México, muchas de ellas enfrentando limitaciones motrices, auditivas o visuales, incluso con el uso de ayudas técnicas.

Marta Margarita Zapata Tarrés, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), destacó que esta alianza representa una oportunidad para repensar el modelo de salud pública en México con una visión inclusiva, sostenible y escalable. Afirmó que el momento actual, marcado por avances tecnológicos y mayor conciencia social, demanda una colaboración estrecha entre Estado, sociedad civil y organismos internacionales.

El INRLGII actuará como órgano técnico del convenio, mientras que la APBP garantizará el suministro, distribución y costos operativos de los dispositivos médicos. Esta estrategia no solo busca atender condiciones físicas, sino también contribuir a la reincorporación plena de las personas con discapacidad a la vida familiar, social y laboral. Al empoderar a este sector, se fortalece el tejido social y se dinamiza el desarrollo económico desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social.