Departamento de Justicia de EU analiza aplicar leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos
_ El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha instruido a sus fiscales federales para que utilicen leyes antiterroristas en la persecución de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico. La directiva fue comunicada el 13 de mayo de 2026 por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con fiscales de las 93 oficinas regionales del país. La medida busca triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y cargos para encubrir a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Esta estrategia representa una escalada significativa en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico procedente de México. Al aplicar leyes antiterroristas, las autoridades estadounidenses buscan imponer condenas más severas y ampliar la presión judicial sobre presuntas redes de corrupción ligadas al narcotráfico. La administración del presidente Donald Trump ha designado a varios cárteles latinoamericanos, incluyendo facciones del Cártel de Sinaloa como "Los Chapitos", como organizaciones terroristas, lo que facilita el uso de estas leyes en su contra.
En el contexto de esta nueva estrategia, se han producido detenciones de altos funcionarios mexicanos. El 11 de mayo de 2026, Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue arrestado en Arizona. Mérida enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico y posesión de armas, y se le acusa de aceptar sobornos mensuales de más de 100,000 dólares de "Los Chapitos" a cambio de protección y advertencias sobre operativos policiales.
Además, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, fue detenido en Europa y enfrenta acusaciones similares. Ambos funcionarios están vinculados al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también ha sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades financieras mexicanas están investigando las cuentas bancarias de Rocha Moya y su círculo cercano en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la República.
La aplicación de leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos refleja un endurecimiento en la postura de Estados Unidos frente al narcotráfico y la corrupción en México. Esta medida podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países y plantea desafíos en términos de soberanía y cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La estrategia busca desmantelar las redes de corrupción que facilitan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que podría tener implicaciones significativas en la política interna y externa de México.
Esta estrategia representa una escalada significativa en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico procedente de México. Al aplicar leyes antiterroristas, las autoridades estadounidenses buscan imponer condenas más severas y ampliar la presión judicial sobre presuntas redes de corrupción ligadas al narcotráfico. La administración del presidente Donald Trump ha designado a varios cárteles latinoamericanos, incluyendo facciones del Cártel de Sinaloa como "Los Chapitos", como organizaciones terroristas, lo que facilita el uso de estas leyes en su contra.
En el contexto de esta nueva estrategia, se han producido detenciones de altos funcionarios mexicanos. El 11 de mayo de 2026, Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue arrestado en Arizona. Mérida enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico y posesión de armas, y se le acusa de aceptar sobornos mensuales de más de 100,000 dólares de "Los Chapitos" a cambio de protección y advertencias sobre operativos policiales.
Además, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, fue detenido en Europa y enfrenta acusaciones similares. Ambos funcionarios están vinculados al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también ha sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades financieras mexicanas están investigando las cuentas bancarias de Rocha Moya y su círculo cercano en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la República.
La aplicación de leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos refleja un endurecimiento en la postura de Estados Unidos frente al narcotráfico y la corrupción en México. Esta medida podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países y plantea desafíos en términos de soberanía y cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La estrategia busca desmantelar las redes de corrupción que facilitan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que podría tener implicaciones significativas en la política interna y externa de México.
