Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que no habrá más reuniones con el gobierno federal, alegando la falta de resultados significativos en la investigación y los constantes desacuerdos con las autoridades. Vidulfo Rosales, abogado y representante de las familias, informó que no asistirán a más encuentros en Palacio Nacional durante el resto del sexenio. Esta decisión marca un punto de inflexión en la lucha por justicia, casi una década después del ataque que ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Rosales explicó que las reuniones con el gobierno han sido infructuosas y que las familias ya no ven sentido en continuar si no se alcanzan avances concretos. A pesar de la ausencia de nuevas reuniones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que continuará proporcionando actualizaciones sobre la investigación y que un informe final se enviará a los familiares. En el encuentro más reciente, el presidente reafirmó su compromiso de buscar a los estudiantes hasta el último día de su mandato y aseguró que el caso no se cerrará hasta que se haga justicia.

Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, declaró que la instrucción presidencial es mantener la coordinación entre todas las dependencias federales para avanzar en el caso Ayotzinapa. Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, afirmó que el gobierno mantiene como prioridad encontrar a los normalistas y que no se detendrán hasta agotar todas las líneas de investigación.

Las acciones del gobierno se han centrado en cinco áreas clave: búsqueda en campo, fortalecimiento de los procesos de identificación humana, búsqueda de la verdad y justicia, trabajo en los procesos de extradición, y la ruptura del pacto de silencio criminal. En este contexto, se llevaron a cabo dos diligencias de búsqueda en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, donde se presume que pudieron haber estado los estudiantes. Estas acciones incluyeron la participación de diversas autoridades y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A pesar de los esfuerzos del gobierno, los familiares insisten en que aún se oculta información clave sobre el caso, especialmente en relación con la posible participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes. El gobierno, sin embargo, ha reafirmado su compromiso con la justicia y la verdad, y continúa trabajando en los procesos de extradición de Tomás "N", Abraham "N", y Ulises "N", implicados en el caso, para que respondan ante la ley. La lucha por la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en el país, que exige respuestas claras y contundentes.