FBI tiene acceso ilimitado a videovigilancia en chihuahua; gobierno de Maru Campos tiene pacto con texas desde 2023
_ Desde 2023, el gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, ha otorgado acceso ilimitado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) a la plataforma de videovigilancia Centinela. Este sistema, operado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuenta con aproximadamente 4,000 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la entidad. La revelación, hecha pública el 24 de abril de 2026, ha generado un intenso debate sobre la soberanía nacional y la legalidad de la colaboración entre autoridades locales y agencias extranjeras.
El acceso se formalizó mediante un memorando de entendimiento firmado en 2023 entre Campos Galván y el gobernador de Texas, Greg Abbott. El acuerdo establece que ambos estados colaborarán para asegurar que los vehículos que crucen la frontera cumplan con las normas de seguridad, con el objetivo de reducir el tráfico de personas, el contrabando de fentanilo y otros narcóticos, y detener el flujo de migrantes que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua. Como parte del pacto, el gobierno estatal ofreció la Torre Centinela para monitorear camiones de carga desde los parques industriales en Ciudad Juárez hasta su cruce a Texas, además de poner a disposición drones y la base de datos con inteligencia artificial del registro de licencias de conducir.
En agosto de 2025, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, visitó un centro de fusión de datos en Bogotá, Colombia, donde operan agencias de seguridad de Estados Unidos. Esta visita formó parte del proyecto para instalar un centro similar en la Torre Centinela de Ciudad Juárez. Loya Chávez destacó que la invitación fue resultado de la confianza que el gobierno estadounidense tiene en Chihuahua y en la gobernadora Maru Campos. La integración de esfuerzos entre ambas entidades busca abordar problemas de seguridad transfronteriza, como la migración ilegal y el tráfico de drogas, pero ha generado controversia por la participación de agencias extranjeras en sistemas de vigilancia estatales sin la autorización explícita del gobierno federal mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación por la falta de comunicación y transparencia en estos acuerdos. En declaraciones recientes, enfatizó que cualquier cooperación internacional en materia de seguridad debe ser aprobada por el gobierno central y canalizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sheinbaum subrayó que no puede haber personal de Estados Unidos trabajando en campo sin la debida autorización, lo que pone en entredicho la legalidad del pacto entre Chihuahua y Texas. Este caso evidencia las tensiones existentes entre los gobiernos estatales y federales en México respecto a la colaboración con agencias de seguridad extranjeras.
La relevancia de esta colaboración radica en la integración de esfuerzos para abordar problemas de seguridad transfronteriza, pero también plantea interrogantes sobre la soberanía nacional y la legalidad de tales acuerdos. La falta de autorización federal y la opacidad en la implementación del memorando han generado críticas de diversos sectores, que consideran que se vulnera la autonomía del país. Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua defiende el pacto como una medida necesaria para combatir el crimen organizado y la migración ilegal, aunque persisten las dudas sobre el alcance real de la vigilancia y el control de los datos compartidos con agencias estadounidenses.
El acceso se formalizó mediante un memorando de entendimiento firmado en 2023 entre Campos Galván y el gobernador de Texas, Greg Abbott. El acuerdo establece que ambos estados colaborarán para asegurar que los vehículos que crucen la frontera cumplan con las normas de seguridad, con el objetivo de reducir el tráfico de personas, el contrabando de fentanilo y otros narcóticos, y detener el flujo de migrantes que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua. Como parte del pacto, el gobierno estatal ofreció la Torre Centinela para monitorear camiones de carga desde los parques industriales en Ciudad Juárez hasta su cruce a Texas, además de poner a disposición drones y la base de datos con inteligencia artificial del registro de licencias de conducir.
En agosto de 2025, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, visitó un centro de fusión de datos en Bogotá, Colombia, donde operan agencias de seguridad de Estados Unidos. Esta visita formó parte del proyecto para instalar un centro similar en la Torre Centinela de Ciudad Juárez. Loya Chávez destacó que la invitación fue resultado de la confianza que el gobierno estadounidense tiene en Chihuahua y en la gobernadora Maru Campos. La integración de esfuerzos entre ambas entidades busca abordar problemas de seguridad transfronteriza, como la migración ilegal y el tráfico de drogas, pero ha generado controversia por la participación de agencias extranjeras en sistemas de vigilancia estatales sin la autorización explícita del gobierno federal mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación por la falta de comunicación y transparencia en estos acuerdos. En declaraciones recientes, enfatizó que cualquier cooperación internacional en materia de seguridad debe ser aprobada por el gobierno central y canalizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sheinbaum subrayó que no puede haber personal de Estados Unidos trabajando en campo sin la debida autorización, lo que pone en entredicho la legalidad del pacto entre Chihuahua y Texas. Este caso evidencia las tensiones existentes entre los gobiernos estatales y federales en México respecto a la colaboración con agencias de seguridad extranjeras.
La relevancia de esta colaboración radica en la integración de esfuerzos para abordar problemas de seguridad transfronteriza, pero también plantea interrogantes sobre la soberanía nacional y la legalidad de tales acuerdos. La falta de autorización federal y la opacidad en la implementación del memorando han generado críticas de diversos sectores, que consideran que se vulnera la autonomía del país. Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua defiende el pacto como una medida necesaria para combatir el crimen organizado y la migración ilegal, aunque persisten las dudas sobre el alcance real de la vigilancia y el control de los datos compartidos con agencias estadounidenses.
