FBI y DEA abordaron temas políticos con Farías Laguna en prisión de Argentina, afirma su abogado
_ El contralmirante retirado Fernando Farías Laguna, exintegrante de la Secretaría de Marina de México, fue abordado por agentes del FBI y la DEA durante su estancia en el complejo penitenciario federal de Ezeiza, en Argentina. Según su abogado en ese país, Félix Helou, la reunión ocurrió sin que la defensa fuera notificada ni informada sobre los temas tratados, lo que ha generado especulaciones sobre el contenido de la conversación y sus posibles implicaciones políticas y de seguridad nacional.
Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026, tras permanecer prófugo desde octubre de 2025, cuando portaba un pasaporte guatemalteco falso. Su captura se produjo en el marco de una investigación por su presunto liderazgo en una red de contrabando de combustible, conocida como 'huachicol fiscal', que habría introducido ilegalmente al menos 564 millones de litros de combustible a México entre 2023 y 2025, utilizando documentos aduanales falsos y con la complicidad de funcionarios en puertos clave.
El abogado Helou señaló que la reunión con los agentes estadounidenses se realizó sin previo aviso y que se desconoce si abordaron temas relacionados con el caso de contrabando o si se discutieron asuntos de índole política. La falta de transparencia en este encuentro ha generado críticas hacia las autoridades argentinas y estadounidenses, así como un mayor escrutinio sobre las posibles conexiones internacionales de la red de huachicol fiscal y la participación de altos mandos de la Marina mexicana.
El 20 de agosto de 2026, Farías Laguna fue deportado de Argentina y trasladado a México, donde ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano. La deportación se realizó después de que el gobierno mexicano desistiera del proceso de extradición, lo que permitió una expulsión más expedita. Dos días después, la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega dictó prisión preventiva oficiosa en su contra, y su proceso judicial continúa en curso.
Este caso ha tenido un impacto significativo en la percepción pública sobre la corrupción dentro de las fuerzas armadas mexicanas, al tratarse de un exmando naval de alto rango. La intervención de agencias estadounidenses como el FBI y la DEA sugiere una dimensión internacional en la investigación, lo que podría implicar acuerdos bilaterales o presiones políticas. La falta de información sobre la reunión en prisión ha dejado abiertas interrogantes que podrían influir en el desarrollo del caso y en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026, tras permanecer prófugo desde octubre de 2025, cuando portaba un pasaporte guatemalteco falso. Su captura se produjo en el marco de una investigación por su presunto liderazgo en una red de contrabando de combustible, conocida como 'huachicol fiscal', que habría introducido ilegalmente al menos 564 millones de litros de combustible a México entre 2023 y 2025, utilizando documentos aduanales falsos y con la complicidad de funcionarios en puertos clave.
El abogado Helou señaló que la reunión con los agentes estadounidenses se realizó sin previo aviso y que se desconoce si abordaron temas relacionados con el caso de contrabando o si se discutieron asuntos de índole política. La falta de transparencia en este encuentro ha generado críticas hacia las autoridades argentinas y estadounidenses, así como un mayor escrutinio sobre las posibles conexiones internacionales de la red de huachicol fiscal y la participación de altos mandos de la Marina mexicana.
El 20 de agosto de 2026, Farías Laguna fue deportado de Argentina y trasladado a México, donde ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano. La deportación se realizó después de que el gobierno mexicano desistiera del proceso de extradición, lo que permitió una expulsión más expedita. Dos días después, la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega dictó prisión preventiva oficiosa en su contra, y su proceso judicial continúa en curso.
Este caso ha tenido un impacto significativo en la percepción pública sobre la corrupción dentro de las fuerzas armadas mexicanas, al tratarse de un exmando naval de alto rango. La intervención de agencias estadounidenses como el FBI y la DEA sugiere una dimensión internacional en la investigación, lo que podría implicar acuerdos bilaterales o presiones políticas. La falta de información sobre la reunión en prisión ha dejado abiertas interrogantes que podrían influir en el desarrollo del caso y en las relaciones entre México y Estados Unidos.
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