_ El Gobierno Estatal de San Luis Potosí, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), está intensificando la vigilancia en los centros de trabajo agrícolas para garantizar que se cumplan las normativas laborales. Esta medida busca asegurar que los trabajadores agrícolas cuenten con prestaciones de ley, horarios razonables y la prohibición del trabajo infantil, generando un impacto positivo en las condiciones de vida de las y los trabajadores potosinos y sus familias.
Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la STPS, informó que, bajo la dirección del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se han aplicado más de cinco sanciones a centros agrícolas, ranchos y empacadoras en el Estado, acumulando multas que superan los tres millones de pesos. Estas acciones son parte de un esfuerzo continuo para impulsar el desarrollo económico y social en las cuatro regiones del Estado, buscando dignificar las condiciones laborales en el sector agrícola.
Las sanciones impuestas por la STPS varían entre cinco mil y cinco millones de pesos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En casos de explotación laboral grave, se contempla la denuncia penal conforme a la reciente reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Esta normativa también incluye la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, reforzando el compromiso del Estado con la justicia social.
El funcionario destacó que, en los últimos dos años, se han intensificado las capacitaciones y el diálogo con los productores agrícolas para fomentar una comunicación efectiva y la dignificación del trabajo en el campo. Sin embargo, aún persisten casos de incumplimiento, por lo que anunció la implementación de nuevos operativos aleatorios para garantizar que se respeten las condiciones laborales en todo el sector agrícola del Estado, aplicando una política de cero tolerancia.
Estas medidas reafirman el compromiso del Gobierno Estatal de proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que las prácticas laborales en San Luis Potosí sean justas y legales, contribuyendo así a un entorno laboral más equitativo y seguro.
