La Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene un seguimiento puntual a todos los centros de rehabilitación para el tratamiento de adicciones en la entidad, con el objetivo de asegurar que operen bajo estándares sanitarios y con pleno respeto a los derechos humanos. Así lo informó el titular de la dependencia, Gabriel Cortés Alcalá, quien destacó que la atención a las adicciones no solo requiere tratamiento, sino también una supervisión y regulación permanente.

El Secretario de Salud subrayó que en Guanajuato se trabaja de manera continua para garantizar que estos centros operen con apego a la normatividad sanitaria. "La atención a las adicciones requiere no sólo tratamiento, sino también supervisión y regulación permanente de los centros de rehabilitación para garantizar que operen con apego a la normatividad sanitaria y con respeto a los derechos humanos", afirmó Cortés Alcalá. Esta labor se realiza a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, que lleva a cabo acciones de regulación, control y verificación sanitaria.

Actualmente, Guanajuato cuenta con un registro de 353 centros de rehabilitación, con capacidad para atender a 15 mil 730 personas bajo distintos modelos de atención. Tan solo el año pasado, se realizaron 232 visitas de verificación sanitaria, las cuales derivaron en sanciones económicas, amonestaciones y suspensiones cuando los establecimientos no cumplían con la normatividad. El propósito de estas acciones es impulsar la mejora continua en los servicios que ofrecen estos centros.

Además de las verificaciones, la Secretaría de Salud ha impulsado capacitaciones, asesorías técnicas y visitas de supervisión para mejorar la operación de los centros y garantizar un trato digno a las personas usuarias. Como resultado de estos esfuerzos, actualmente cuatro centros en el estado cuentan con el reconocimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) por cumplir con la normatividad vigente y las buenas prácticas.

El Gobierno de Guanajuato reitera su compromiso con la salud pública y la protección de los derechos de las personas que buscan tratamiento contra las adicciones, asegurando que los centros de rehabilitación operen bajo estándares sanitarios claros y con respeto a la dignidad de los pacientes.