Las principales compañías de telecomunicaciones en México han puesto en marcha campañas de incentivos para motivar a los usuarios a registrar sus líneas telefónicas antes del 30 de junio de 2026, fecha límite establecida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La medida busca asociar cada número de teléfono móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular, con el objetivo de combatir delitos como el fraude y la extorsión telefónica. Sin embargo, hasta ahora solo se han registrado 30.2 millones de líneas, equivalentes al 18.7% de las 161 millones de líneas activas al cierre de 2025, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y las empresas del sector.

Ante la baja participación, operadoras como Telcel, AT&T y Movistar han implementado estrategias que incluyen descuentos en planes tarifarios, datos móviles adicionales y promociones exclusivas para quienes completen el proceso antes de la fecha límite. Estas acciones buscan contrarrestar la desconfianza de los usuarios respecto al manejo de sus datos personales, una de las principales razones por las que muchos se han negado a registrar sus líneas. Las compañías han reforzado sus mensajes para destacar que el registro es un requisito obligatorio y no una opción.

La CRT ha aclarado que el proceso es gratuito y que no se almacenarán datos biométricos, con el fin de disipar temores sobre la privacidad. El registro comenzó el 9 de enero de 2026 y, a partir del 1 de julio de 2026, las líneas no registradas serán suspendidas. La autoridad ha insistido en que esta medida es fundamental para reducir el anonimato en las comunicaciones móviles, facilitando la identificación de los usuarios y, por ende, la investigación y prevención de delitos asociados al uso de líneas telefónicas.

La baja tasa de registro refleja un desafío significativo para el éxito de la iniciativa, ya que la desconfianza de los usuarios persiste a pesar de las garantías oficiales. Expertos en seguridad señalan que el anonimato en las telecomunicaciones ha sido un factor clave para la operación de redes de extorsión y fraude, por lo que el cumplimiento de esta medida podría tener un impacto positivo en la reducción de estos delitos. No obstante, el tiempo apremia y las empresas enfrentan la tarea de convencer a millones de usuarios para que completen el trámite.

Las campañas de incentivos se suman a los esfuerzos de difusión de la CRT, que ha habilitado canales digitales y puntos de atención presencial para facilitar el registro. Las operadoras confían en que los beneficios ofrecidos, sumados a la obligatoriedad de la medida, lograrán aumentar la participación en las próximas semanas. El éxito de esta política dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades y las empresas para generar confianza entre los usuarios y garantizar que el proceso sea ágil y seguro.