El Congreso Nacional Indígena (CNI) expresó su preocupación por la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que esta legislación, pese a reconocer derechos colectivos, podría facilitar el acceso de grandes capitales a los territorios indígenas. En un comunicado emitido el 22 de agosto de 2026, la organización advirtió que el marco legal, tal como está planteado, podría ser utilizado para impulsar proyectos de inversión que amenacen la integridad de las tierras y los recursos naturales de las comunidades.

La ley, presentada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), busca garantizar la libre determinación, la autonomía y la participación efectiva de los pueblos indígenas y afromexicanos. El proceso de consulta, que inició el 29 de junio de 2026, involucró a 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, que representan aproximadamente al 20.5% de la población nacional. Sin embargo, el CNI sostiene que el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio no es suficiente para proteger sus territorios frente a intereses económicos externos.

La organización indígena basó su alerta en experiencias previas donde proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales han afectado negativamente a las comunidades. Según el CNI, bajo el pretexto del desarrollo económico, la nueva ley podría permitir que grandes empresas accedan a territorios indígenas sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Esta situación generaría un conflicto entre el impulso económico y la protección de los derechos territoriales.

El contexto de esta crítica se enmarca en el esfuerzo del gobierno mexicano por reformar el artículo 2º de la Constitución y crear una legislación que proteja los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. No obstante, la implementación de estas normas ha provocado debates sobre el equilibrio entre el desarrollo y la salvaguarda de la autonomía indígena. Organizaciones civiles y expertos han señalado que la efectividad de la ley dependerá de su reglamentación y de los mecanismos de consulta que se establezcan.

La relevancia de este tema radica en la necesidad de garantizar que las políticas públicas respeten y protejan los derechos de los pueblos indígenas, evitando que intereses económicos externos comprometan su autonomía y la integridad de sus territorios. El debate subraya la importancia de una consulta efectiva y del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades en cualquier proyecto que afecte sus tierras y recursos. La discusión sobre esta ley continuará en los próximos meses, con la expectativa de que se ajusten los mecanismos para asegurar la protección integral de los derechos indígenas.