La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie los trámites para la extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien enfrenta acusaciones de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La petición se produce en un contexto de creciente presión política y judicial sobre Rocha Moya, quien solicitó una licencia temporal el pasado 2 de mayo de 2026 para no entorpecer las investigaciones de la FGR. Campos argumenta que la extradición es necesaria para garantizar la transparencia y el estado de derecho en México, así como para evitar que el caso afecte las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 29 de abril de 2026 a diez funcionarios mexicanos, incluido Rocha Moya, de delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero, en un caso que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. La gobernadora de Chihuahua ha señalado que estas acusaciones son de suma gravedad y que México debe colaborar plenamente con las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos. La postura de Campos ha sido respaldada por diversos sectores políticos y sociales que exigen una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas de los implicados.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha confirmado que Rocha Moya no cuenta con una Notificación Roja de Interpol, lo que desmiente versiones sobre una orden de captura internacional en su contra. Sin embargo, la FGR ha citado al gobernador con licencia y a otros funcionarios para entrevistas relacionadas con la investigación sobre posibles vínculos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Estas diligencias buscan determinar la veracidad de las acusaciones presentadas por Estados Unidos y evaluar si existen elementos para proceder legalmente en México.

En el ámbito político, el Congreso de Sinaloa designó a Eligio López Portillo, identificado como cercano a Rocha Moya, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este nombramiento ha sido interpretado como un movimiento para mantener la influencia del grupo político de Rocha Moya en el estado, en medio de las investigaciones en su contra. La decisión ha generado críticas de la oposición, que considera que se trata de una estrategia para proteger al exgobernador y evitar que su caso afecte el equilibrio de poder en Sinaloa.

El caso de Rubén Rocha Moya continúa siendo un tema central en la agenda política nacional, con implicaciones que trascienden las fronteras de Sinaloa. La exigencia de Maru Campos de su extradición añade una nueva dimensión al conflicto, al poner sobre la mesa la necesidad de que México actúe con firmeza frente a las acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Se espera que la FGR y el gobierno federal definan los próximos pasos en las investigaciones, mientras la opinión pública y los actores políticos siguen de cerca el desarrollo de este caso que podría marcar un precedente en la lucha contra la impunidad en el país.