Cualquiera que haya ido de compras en estos días al supermercado, a la farmacia, a la tienda de la esquina, a la frutería, a comer a un restaurante, se dará cuenta que los precios han subido considerablemente con respecto a marzo pasado. Es otro de los picos de los cuales no hay control; es un efecto colateral de la prolongada pandemia y nadie se ha responsabilizado realmente de ello.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el mes de julio hay una inflación anual de 3.59 por ciento. Los datos oficiales son que la gasolina Magna aumentó un 3.03 por ciento; el pollo, 1.57; el gas doméstico LP, 1.21; cerveza, 1.48; papa y otros tubérculos, 5.91; gasolina Premium, 2.84; restaurantes, 0.44; transporte aéreo, 6.52; frijol, 1.67; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.18.

A través de redes sociales y diversos medios se ha dado a conocer que empresas dedicadas a la producción y distribución de insumos de la canasta básica, como harina de nixtamal, tortilla, huevo, azúcar, frijol, maíz y alcohol, entre otros, aumentaron injustificadamente sus precios. La percepción es que los incrementos han sido generalizados y la inflación está a todo galope, tanto que a final de año puede ser de dos dígitos después de mucho tiempo.

Un seguimiento de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) determinó que algunos productos de la canasta básica se han incrementado de manera importante durante las últimas semanas, con alzas de hasta 35 por ciento. Los productos con más aumento son: limón, con 35.71 por ciento; jitomate, 20.78; frijol, 20.26; naranja, 19.8; lentejas, 10,92; café soluble, 3.08; arroz, 2.24, y avena, 1.32.

La Secretaría de Economía es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de desarrollo económico y eso incluye establecer, vigilar y regular los precios en productos y servicios, inspeccionar el cumplimiento de leyes y normatividad en la comercialización de productos y servicios, Sin embargo, hasta ahora, su actuación ha sido tibia con respecto a vigilar los incrementos de precios.

La Procuraduría Federal del Consumidor, brazo operativo de la Secretaría de Economía, creada para proteger los derechos de los consumidores, también se ha visto rebasada ante la avalancha de aumentos en diferentes ramas del consumo nacional y los ciudadanos están en la indefensión.

En fin, la carestía es otro daño colateral de la prolongada pandemia, que se suma a desempleo, cierre de empresas, recesión, retroceso educativo, crisis económica y financiera y falta de políticas claras ante la emergencia sanitaria.