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El financiamiento público para los partidos políticos en 2021 será de 7 mil 226 millones de pesos, de acuerdo con el anteproyecto que presentó el Instituto Nacional Electoral. Esa cantidad representa un aumento del 37.9 por ciento con respecto a este año, que fue de 5 mil 239 millones de pesos. Sin embargo, está en el aire la propuesta legislativa de reducir esos montos hasta en un 50 por ciento.
Por lo pronto, si no hay disminución, 5 mil 250 millones de pesos serán para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; mil 575 millones para gastos de campaña para partidos políticos nacionales, y 31 millones 505 mil para gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes.
El año próximo se disputarán 21 mil 368 cargos de elección popular, 15 gubernaturas, un congreso federal, 30 congresos locales y dos mil ayuntamientos. El costo total de las elecciones será de 20 mil 400 millones de pesos con 94.8 millones de ciudadanos empadronados.
Los partidos en contienda serán Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), De la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Solidario (PES).
Las organizaciones Fuerza Social, Redes Sociales Progresistas, México Libre, Grupo Social Promotor por México (antes Nueva Alianza) y Fundación Alternativa, cuyo registro rechazó el Instituto Nacional Electoral, anunciaron que van a impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De esa manera, está pendiente su participación o no en 2021.
El subsidio a los partidos políticos y a los organismos electorales está en debate nacional. Por un lado se acusa que es excesivo el monto de los recursos económicos de origen público que reciben los partidos, pero, por otra parte, se dice que es necesaria esa inversión para consolidar nuestra democracia, pero también pugnan porque esa asignación sea más equitativa y razonable. Hay la percepción, al mismo tiempo, que la sociedad no obtiene un beneficio concreto con ese gasto.
Italia fue el primer país en el mundo que otorgó financiamiento con recursos públicos a los partidos políticos en 1947. Le siguieron Alemania, en 1949 y Francia, en 1958. En América, Uruguay fue la primera nación en dar dinero público a las organizaciones políticas en 1928; Costa Rica, en 1949, Argentina, en 1961 y México, en 1977. Venezuela es el único país que no otorga subsidio mientras Chile y Perú lo hacen de manera muy reducida.
Lo cierto es que México hoy en día tiene una de las democracias más caras de todo el continente americano, en términos presupuestales, ya que en Estados Unidos de América el costo del voto es de 0.2 dólares (alrededor de 4.35 pesos), lo mismo en Canadá y Ecuador; en Guatemala, de poco más de 40 centavos de un peso y en nuestro país, de 71.50 pesos.
El debate por el financiamiento a los partidos políticos nacionales sigue y seguirá abierto, sobre todo en esta época de crisis cuando el dinero es más escaso. También vale la pena preguntarse si no es mejor calidad que cantidad; hacer más exigente el registro y eliminar organizaciones parasitas como Verde Ecologista, Partido del Trabajo y el ahora llamado Encuentro Solidario, porque el costo de la democracia también debe tener sus límites.
