Nueva orden ejecutiva de EE. UU. refuerza controles a migrantes y remesas
_ El Gobierno de Estados Unidos emitió una nueva orden ejecutiva para endurecer la supervisión de cuentas bancarias, créditos y transferencias de dinero relacionadas con personas sin autorización legal para trabajar en el país. El documento, titulado “Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense”, fue firmado el 19 de mayo de 2026 y establece medidas dirigidas a instituciones financieras, organismos reguladores y agencias federales.
La orden ejecutiva sostiene que las transferencias transfronterizas de dinero, los esquemas de nómina fuera del sistema regulado y ciertas operaciones financieras pueden representar riesgos para la seguridad nacional y el sistema bancario estadounidense. Entre los puntos destacados se incluyen la supervisión de transferencias de bajo monto, la revisión de operaciones de empresas de servicios monetarios, el monitoreo de depósitos y retiros en efectivo considerados “estructurados”, la vigilancia sobre cuentas vinculadas con documentos extranjeros y la evaluación de cuentas abiertas con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
El Departamento del Tesoro deberá emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal a bancos e instituciones financieras sobre riesgos relacionados con personas no autorizadas para trabajar en EE. UU. y empleadores que incumplan leyes migratorias o fiscales. Las autoridades consideran que algunas transferencias de dinero pueden ser utilizadas para actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.
En el ámbito crediticio, la orden ejecutiva establece que las autoridades financieras analizarán cambios regulatorios relacionados con créditos hipotecarios, préstamos automotrices, tarjetas de crédito y otros productos financieros. Las instituciones financieras deberán considerar factores relacionados con posibles pérdidas de ingresos derivadas de procesos migratorios o deportaciones. El documento señala: “Prestar dinero a extranjeros sin autorización legal para trabajar o que se enfrentan a un riesgo sustancial de pérdida de salario crea una deficiencia estructural en la capacidad de pago”.
Además, se plantean posibles modificaciones a la aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los programas de identificación de clientes, incluyendo mayor verificación de identidad de titulares de cuentas, revisión del estatus migratorio cuando sea relevante, supervisión reforzada del uso de ITIN y evaluación de riesgos asociados con tarjetas de identificación consular extranjeras. El Departamento del Tesoro y reguladores financieros federales deberán presentar propuestas regulatorias en plazos de 90 y 180 días.
El Gobierno de EE. UU. argumenta que existen riesgos asociados con actividades financieras ilícitas vinculadas con redes criminales internacionales, incluyendo lavado de dinero, tráfico de fentanilo y redes chinas de lavado de dinero que habrían utilizado cuentas en EE. UU. El documento aclara que la orden ejecutiva deberá aplicarse conforme a la legislación vigente y que no crea derechos legales adicionales para particulares o instituciones.
La orden ejecutiva sostiene que las transferencias transfronterizas de dinero, los esquemas de nómina fuera del sistema regulado y ciertas operaciones financieras pueden representar riesgos para la seguridad nacional y el sistema bancario estadounidense. Entre los puntos destacados se incluyen la supervisión de transferencias de bajo monto, la revisión de operaciones de empresas de servicios monetarios, el monitoreo de depósitos y retiros en efectivo considerados “estructurados”, la vigilancia sobre cuentas vinculadas con documentos extranjeros y la evaluación de cuentas abiertas con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
El Departamento del Tesoro deberá emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal a bancos e instituciones financieras sobre riesgos relacionados con personas no autorizadas para trabajar en EE. UU. y empleadores que incumplan leyes migratorias o fiscales. Las autoridades consideran que algunas transferencias de dinero pueden ser utilizadas para actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.
En el ámbito crediticio, la orden ejecutiva establece que las autoridades financieras analizarán cambios regulatorios relacionados con créditos hipotecarios, préstamos automotrices, tarjetas de crédito y otros productos financieros. Las instituciones financieras deberán considerar factores relacionados con posibles pérdidas de ingresos derivadas de procesos migratorios o deportaciones. El documento señala: “Prestar dinero a extranjeros sin autorización legal para trabajar o que se enfrentan a un riesgo sustancial de pérdida de salario crea una deficiencia estructural en la capacidad de pago”.
Además, se plantean posibles modificaciones a la aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los programas de identificación de clientes, incluyendo mayor verificación de identidad de titulares de cuentas, revisión del estatus migratorio cuando sea relevante, supervisión reforzada del uso de ITIN y evaluación de riesgos asociados con tarjetas de identificación consular extranjeras. El Departamento del Tesoro y reguladores financieros federales deberán presentar propuestas regulatorias en plazos de 90 y 180 días.
El Gobierno de EE. UU. argumenta que existen riesgos asociados con actividades financieras ilícitas vinculadas con redes criminales internacionales, incluyendo lavado de dinero, tráfico de fentanilo y redes chinas de lavado de dinero que habrían utilizado cuentas en EE. UU. El documento aclara que la orden ejecutiva deberá aplicarse conforme a la legislación vigente y que no crea derechos legales adicionales para particulares o instituciones.
Sigue la conversación en Facebook y revisa más actualizaciones de esta nota.
