_ Con su permiso, diputada presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, señoras y señores diputados.
Antes que nada, yo quiero expresarles nuestro agradecimiento por la invitación de estar aquí en esta sesión solemne y sobre todo mi reconocimiento por la labor, la importante labor que ustedes desempeñan y que esa parte fundamental no nada más para la vida política y jurídica de San Luis Potosí, sino para el país, y quiero agradecer la compañía, la generosidad que siempre ha tenido para con nosotros el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, muchas gracias señor gobernador.
Hoy acudo ante ustedes para cumplir una instrucción expresa del presidente de la República, se trata de inaugurar una etapa distinta en la vida política del país, una nueva relación entre el Ejecutivo Federal, los Ejecutivos estatales y, sobre todo, los Poderes Legislativos, me refiero al Congreso de la Unión, diputados federales y senadores de la República, y desde luego a las legislaturas locales.
El presidente nos ha pedido acudir ante ustedes primero, para reiterarles la importancia que ustedes tienen en el entramado político, jurídico del país, porque ustedes forman parte del Constituyente Permanente. El Constituyente Permanente lo integra el Congreso de la Unión, diputados federales y senadores de la República y las legislaturas de los 32 estados de la Federación y ustedes son probablemente, no probablemente, seguramente la representatividad más cercana al ciudadano.
Desde luego que los diputados federales representan también al pueblo, los senadores de la República representan a los estados de la Federación, pero ustedes son quienes están más cercanos del pueblo, son como les dije, pues esa representatividad, y parte de esta nueva etapa política es reconocerles el aporte fundamental y la valía que ustedes tienen, porque antes pues para hablar con otras palabras o de manera franca, pues ni siquiera se les tomaba en cuenta.
En el régimen anterior cuando se hacían las reformas constitucionales más tardaban en hablar de la Cámara de Diputados para decirles, ahí le vamos a mandar la minuta, cuando ya desde la Secretaría de Gobernación decían "ya que, ya salió la aprobación". Era otro estilo, no había el compromiso republicano, por eso ahora nosotros acudimos ante ustedes y lo estamos haciendo en las 32 Legislaturas.
No es un asunto menor el que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y de senadores y que seguramente ustedes discutirán en los próximos días, es un asunto de vital importancia para la buena marcha del país, porque se trata de ganarle la batalla a la inseguridad, se trata de que haya paz en todo el territorio nacional, y es una batalla que no ha sido fácil.
El presidente de la República tomó la decisión, por convicción y por formación, de que había que atender las causas, antes que atender los efectos y con una política de inclusión social, se diseñó una estrategia de seguridad nacional. No es fortuito pues, la frase de “abrazos, no balazos”, significa que para que haya paz, tiene que haber reconciliación entre todos y ahora, pues como decía el principio, es un momento fundamental.
En marzo del 2019, ustedes y el Congreso de la Unión aprobaron una reforma constitucional, mediante la cual se creaba la Guardia Nacional, como un organismo dirigido por civiles, que se encargaría de coadyuvar en la construcción de la paz, en recuperar la seguridad en el país. Sucede que en esa época se impuso un plazo perentorio para el actuar de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, plazo que se vencía en marzo del año 2024.
Y aquí está presente, hoy nos acompaña el diputado federal Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados federales de Morena.
Y nos acompaña también, el diputado Carlos Puente, coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, que como ustedes saben son de los dos de los tres partidos, que formaron la coalición Juntos Haremos Historia. Que fue la que llevó con el voto popular desde luego, a la Presidencia de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y recalcó la presencia de ellos dos aquí, porque para esta reforma o para que esta reforma transitara, ellos fueron parte fundamental. Es sabido que la reforma que hoy nos ocupa, pues no fue una iniciativa que surgiera del Ejecutivo Federal, es una iniciativa qué de origen la presentó una diputada de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre. Que ahora, pidió licencia y es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, y ella fue quién de origen, el dos de septiembre, presentó la Iniciativa.
El diputado Ignacio Mier, que es la parte primordial de este consenso político y jurídico, nos comentó que había una Iniciativa por la cual se planteaba aumentar el plazo de vigencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, pasaría del 2024 al 2028.
Y cuando nos la comentó y nos la comentó Carlos Puente, el gobierno federal hizo suya la iniciativa, porque aun no importando de dónde surgía, pues lo importante es la construcción de un mejor país y se proponía que la vigencia, como les digo, pasar al 2028. Y nosotros creemos que la discusión y aprobación de esta Iniciativa se dio en el momento justo.
Hay quienes alzan la voz y dicen que para qué tanta prisa, si todavía quedaba un año y medio de vigencia. Lo cierto es, y hablándoles con toda honestidad, que en el 2024 hubiese sido muy complicado, por no decir imposible, que una reforma constitucional como ésta, llegara a buen puerto.
¿Y por qué? Pues porque simple y sencillamente, el país estaría ya inmerso en un proceso (inaudible) nueve de las gubernaturas (inaudible) totalidad de los Congresos locales, como el 60 por ciento (inaudible) y la renovación (inaudible) ganadores.
Y adicionalmente, pues desde luego, habría iniciado ya el proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República. Y en ese tiempo, pues hubiese sido imposible la (inaudible).
Legisladores que ya mencioné y que nos acompañan, (inaudible) Alberto, (inaudible) Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.
Luego entonces, (inaudible) la iniciativa que solamente era modificar el plazo del 2024 al 2028. Una vez aprobada esa minuta, fue al Senado de la República donde hubo de empezar de cero a construir consensos, porque tampoco los partidos que integraban a Morena, perdón, la coalición de Morena, Verde, PT, aunque se le adicionaba el PES, no alcanzaba la mayoría constitucional.
Y también, su honor, a quien honor merece. Hubo una propuesta, básicamente de dos senadores de la República del PRI, la senadora Sylvana Beltrones, y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes redactaron una propuesta de adendas a esta reforma constitucional, y se estableció un mecanismo de trabajo donde participaron dos senadores, incluso del PRD, encabezados por el senador Miguel Ángel Mancera, y nueve senadores del PRI.
Y finalmente se acordó la redacción de un artículo 5º transitorio que, entre otras cosas, ahora contiene el reconocimiento de que la Guardia Nacional, o la Fuerza Armada permanente, que la integran el Ejército mexicano y la Marina Armada de México, podrían prestar servicios o tareas, desempeñar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional.
Y se le agregó el reconocimiento que la Suprema Corte, o la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ya hecho, cómo debieran de ser esas tareas.
Y por eso ahora, en la minuta que ustedes van a discutir, dice que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esa participación deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, y subordinada y complementaria.
Esto no lo contenía la iniciativa de origen, y es la primera vez qué en una iniciativa de este calado, pues se contempla ya una definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de la nación, pues había ya, previamente señalado.
Y se le adiciona un párrafo, que es probablemente el más importante de esta minuta, porque dota de constitucionalidad al actuar de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Porque algunos meses antes, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores habían aprobado una reforma a lo que se conoce como leyes secundarias, que eran básicamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley de Ascensos del Ejército mexicano, entre otras.
Y por las cuales se reconocía a la Guardia Nacional como una parte o un ente que forma parte ya de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene hoy, pues, tres entes administrativos y operativos, uno de ellos es el Ejército mexicano, el segundo es la Fuerza Aérea Mexicana y ahora el tercero es la Guardia Nacional y el párrafo que se le agregó, o que agregaron en el Senado, dice así, “la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución”.
¿Quiere decir? Ustedes que conocen el derecho mexicano, saben que en términos jurídicos hay aceptación explícita y aceptación intrínseca. Y si aquí el Constituyente señala que la fuerza armada permanente podrá prestar las tareas siempre y cuándo lo haga con su propia organización y medios, pues nos refiere a la organización que ahora tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene que hacerse con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y con los recursos administrativos y financieros de que dispone la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se le adicionan otros párrafos no menos importantes, como es el de que queda aquí plasmado algo que es un referente, en el Ejército mexicano de nuestros tiempos y es la obligación del respeto irrestricto a los derechos humanos, no nada más los tutelados por la Constitución, sino, va más allá, dice también, los que estén en tratados internacionales que México haya suscrito.
Y también se obliga a que haya un respeto a nuestras tradiciones, a nuestras comunidades indígenas y afroamericanas, y después viene una serie de párrafos que ordenan finalmente administrativamente y que regulan el actuar de nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada permanente en las tareas de seguridad pública.
Primero, porque hay un diagnóstico preciso de qué es lo que ha pasado en el país, cómo por la razón que haya sido, los gobiernos estatales, municipales, federales fueron abandonando el fortalecimiento de nuestras policías civiles a tal grado que nos pusieron en una encrucijada.
Qué era, ¿o lo hacemos con nuestras fuerzas armadas? o ¿no tenemos con quién hacer? Porque hay municipios en los cuales, pues se abandonó la prestación de la tarea de seguridad pública, en algunos, porque para serles honestos y hablarles con toda franqueza.
Quienes llegaron a esos cargos, llegaron ya con un compromiso financiero con organizaciones criminales y pues tuvieron que entregar la plaza y otros, presidencias municipales pues por temor prefirieron mejor que no hubiera fuerza de seguridad pública.
Y, desde luego, hay algunos que no pueden prestar el servicio de seguridad pública porque no dispone del presupuesto suficiente para la operatividad, ahora se impone ya la obligación constitucional de que municipio, estado y federación presenten al Secretariado Ejecutivo de Seguridad y a una comisión bicameral, integrada por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, un diagnóstico semestral y un informe, y en el cuál de lo que se trata es que ahora sí, los municipios y los estados cumplamos con esa obligación.
¿Para qué? Pues para que se vayan fortaleciendo o construyendo policías civiles que paulatinamente, de aquí al 2028, pues irán tomando ya la tarea que le corresponde y entonces también de manera progresiva la Guardia Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, pues regresarán a sus cuarteles o a otras tareas que el Mando Supremo les encomiende.
Es fundamental esto porque al día de hoy, pese a que el artículo 7º transitorio de la misma reforma que ya les había citado al inicio, detallaba ya la obligación de los estados y municipios, pues no se había ordenado de esta manera y esa disposición era como decimos coloquialmente como un llamado a misa, tan era etéreo que en el 2020, que era el año en el que debía de iniciarse ese reporte, que en esa época sería anual, so pretexto de la pandemia, solamente un estado presentó el informe y ningún municipio lo hizo.
En el 2021 también so pretexto de la pandemia, pues no fueron más de seis los estados que lo presentaron, entre ellos, yo recuerdo el Estado de México, a Tabasco, a Chiapas, Campeche, Yucatán y creo que el último era Baja California Sur.
Este año, cuando todavía faltan tres meses para el cierre de año, yo pensaba que eran 13, pero me dicen que no, que son ya 21 los estados que han presentado el informe de manera parcial, de tal manera, que seguramente ya a fin de año cuando sesione el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya habrá pues un punto de inicio y podrá empezarse a crear un fondo especial, que por cierto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y está ahora en discusión en la Cámara de Senadores, mediante el cual se reforma la Ley General de Instituciones de Crédito
¿Para qué? Para que el recurso que está en esas cuentas congeladas o intervenidas, que son recursos que provienen de la delincuencia organizada, sobre todo del delito de extorsión y de narcotráfico, puedan ser decomisados y puestos a disposición de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda.
Quien deberá disponer de esos fondos de la siguiente manera, el 45 por ciento, al día de hoy que son 27 mil millones de pesos el total serán o están etiquetados ya para las Fuerzas Armadas, el 30 por cierto para los estados y el 25 por ciento para los municipios, con la obligación de que esos recursos deben ser utilizados como ya dije para el reclutamiento, la formación, la capacitación y la puesta en marcha de nuevas policías civiles, municipales o estatales.
No es fácil y se los digo desde mi experiencia de gobernador, pues iniciar incluso con un proceso de reclutamiento, gobernador Gallardo, no me dejará mentir, lleva un poco más de un año en el encargo y ahora me comentaba que en un año ha podido, creo, que reclutar 300 y tantos nuevos elementos que ya están en capacitación en la Academia o el Colegio de Policía Estatal, que por cierto hoy, no todos los estados tienen un Colegio de Policía Estatal y una vez que se reclutan, se capacitan que es más o menos un promedio de un año, viene otra etapa que es la de los exámenes de control de confianza.
De tal manera que es muy probable que en un término como de dos años, ya puedan estar plenamente incorporados, en la experiencia del gobernador, me decía, pues tengo 300 y tantos reclutas en la academia y ya los vamos a poder incorporar muy pronto, están en plena capacitación, pero pues no se nos olvide que lleva poco más de un año de gobierno.
Así que yo creo que aquí en San Luis Potosí, pues en un promedio de un año a seis meses ya habrá nuevos elementos. En tanto, pues también aquí se está haciendo un trabajo profesional, de organización y reorganización de las fuerzas estatales de seguridad pública.
Ustedes aprobaron algo que es histórico aquí en San Luis Potosí, sigue existiendo la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad ciudadana como un ente administrativo, pero operativamente es uno de los cinco estados del país donde ya existe una guardia civil estatal.
Lo que eran los elementos de seguridad pública estatal forman ahora ese cuerpo policiaco, y el compromiso del gobernador es seguir fortaleciéndolos para que cada día haga mejor su tarea. San Luis Potosí, en poco tiempo, pues es un referente no nada más regional, sino nacional.
Salvo el delito de robo a autotransporte, qué obedece más a razones externas, porque ustedes saben de todo el tránsito por una sola carretera hasta la frontera norte del país, los demás delitos han venido a la baja.
El homicidio doloso nada más, en este mes que aún no termina, trae una reducción casi del treinta y tantos por ciento, y yo creo que se promediará a fin de año, alrededor del 25-28 por ciento de reducción.
Ha descendido también el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, el robo con violencia, el secuestro va a ostensiblemente a la baja. Y ya hay adicionalmente a ello, por eso los buenos resultados, un trabajo de coordinación efectiva entre los tres entes que deben de coordinarse para que haya seguridad.
Son el área de prevención del delito, que es lo que presta la Secretaría de Seguridad y ahora, la Fuerza Civil, la Guardia Civil; el área de procuración de justicia, que esa es la tarea de la fiscalía, y el área de impartición de justicia, que corre a cargo del Poder Judicial.
Y aquí hay una perfecta coordinación, entre esos tres órdenes o entre esos tres entes, encargados de garantizar la seguridad.
Y hay un trabajo profesional dedicado y comprometido de un gobernador joven, honesto, que, y aquí yo quiero hacerle un reconocimiento, porque le costó mucho llegar al cargo de gobernador.
No porque no hubiese tenido en su momento el respaldo popular, le costó mucho porque, en este oficio existen adversarios que a toda costa tratan de manchar el nombre de quienes, aun siendo sus adversarios políticos, pues no quieren reconocer el respaldo popular. Y yo no tengo ninguna duda que todo ese desierto por el que el gobernador atravesó, lo hizo más fuerte y lo hizo más comprometido, con el pueblo de San Luis Potosí.
Y estoy seguro que va a ser, un gran gobernador de San Luis Potosí, me late que ya se quiere ir a otra posición, porque en el salón de gobernadores ya puso hasta su cuadro, ahí le puso ya un año, no te vayas a querer ir Gallardo.
Y pues básicamente, eso es lo que contiene esta iniciativa de reforma constitucional, y como les dije al principio, pues quisimos venir aquí ante ustedes y sobre todo aquí en San Luis Potosí, porque para el gobierno federal, es invaluable lo que San Luis Potosí aporta.
No nada más son un centro regional, son un estado pujante, con crecimiento económico, que por su ubicación geográfica naturalmente y con el trabajo del gobernador y de todos ustedes apoyando las tareas de gobierno, pues es un atractivo para las inversiones nacionales o extranjeras.
Y si hay inversión, hay generación de empleos y entre más generación de empleos haya, pues va a haber más gobernabilidad, va a haber tranquilidad y vamos a ir muy de la mano con el gobierno federal recuperando la seguridad de los potosinos.
El mayor de los anhelos de todos, aún de los de quienes no comparten esta Iniciativa y erróneamente dicen o sostienen, que es la militarización del país, pues, es que nuestros hijos puedan regresar a las calles a jugar. Que las mujeres trabajadoras, cuando regresen en la noche del trabajo hacia su casa, no sientan el temor de ser asaltadas o ser víctimas de la violencia, que no haya pues ya temor.
Y que la gente circule libremente por las calles y que todos sigamos construyendo, entre todos, este país, este inmenso país, es pues San Luis Potosí, un estado fundamental para fortalecer la estrategia de seguridad de toda la región Centro-Norte del país.
Y ya, yo hablaba de la ubicación geográfica y que eso le aporta también fronteras muy extensas, muy diversas, muy porosas y con estados que hoy sufren de mayores condiciones de inseguridad, de las que afortunadamente San Luis Potosí, ya va saliendo.
Pero, aun así, yo ratifico ante el gobernador y ante ustedes, la disposición del gobierno federal, para seguir colaborando con el gobierno que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo, para trabajar muy de la mano y para ir juntos todos a ganar esta crucial batalla. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.
