Paz elimina límites al estado de excepción en Bolivia
_ El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó el 27 de mayo de 2026 la Ley 1732, que deroga la Ley 1341 de 2020 y elimina las restricciones para declarar estados de excepción en el país. Esta nueva normativa permite al Ejecutivo movilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos sin las limitaciones previas, como la duración máxima de 60 días y la necesidad de que la Policía haya sido superada antes de su intervención. La medida se da en medio de una crisis social que ha paralizado varias regiones del país durante más de tres semanas.
La decisión del gobierno se produce en un contexto de intensas protestas y bloqueos de carreteras que han afectado el suministro de alimentos, combustible e insumos médicos en ciudades como La Paz y El Alto. Diversos sectores sociales, incluidos sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales, exigen la renuncia de Paz, argumentando una gestión deficiente y una crisis económica agravada. Los bloqueos han generado desabastecimiento crítico en varias regiones.
La Ley 1341, conocida como 'Ley Copa', establecía controles y restricciones para la declaración del estado de excepción, incluyendo la intervención de las Fuerzas Armadas solo cuando la Policía hubiera sido superada y limitando la duración de la medida a 60 días. Su derogación otorga al presidente mayor libertad para enfrentar la crisis social actual, pero ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, quienes temen que el gobierno utilice esta nueva facultad para reprimir las manifestaciones y limitar las libertades civiles.
El Ejecutivo ha asegurado que la declaración del estado de excepción será considerada únicamente como último recurso si el diálogo no prospera. No obstante, las tensiones se han intensificado tras la muerte de un manifestante de 24 años durante un operativo policial-militar en La Paz. El gobierno inicialmente negó el uso de armas letales, pero posteriormente admitió el fallecimiento, lo que ha incrementado el descontento social y las críticas hacia la administración de Paz.
La situación en Bolivia sigue siendo tensa, con un gobierno que busca herramientas legales para controlar la crisis y una población movilizada que exige cambios profundos en la gestión del país. La promulgación de la Ley 1732 representa un giro significativo en la política de seguridad interna, mientras el diálogo entre las partes sigue estancado y las protestas continúan en diversas regiones.
La decisión del gobierno se produce en un contexto de intensas protestas y bloqueos de carreteras que han afectado el suministro de alimentos, combustible e insumos médicos en ciudades como La Paz y El Alto. Diversos sectores sociales, incluidos sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales, exigen la renuncia de Paz, argumentando una gestión deficiente y una crisis económica agravada. Los bloqueos han generado desabastecimiento crítico en varias regiones.
La Ley 1341, conocida como 'Ley Copa', establecía controles y restricciones para la declaración del estado de excepción, incluyendo la intervención de las Fuerzas Armadas solo cuando la Policía hubiera sido superada y limitando la duración de la medida a 60 días. Su derogación otorga al presidente mayor libertad para enfrentar la crisis social actual, pero ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, quienes temen que el gobierno utilice esta nueva facultad para reprimir las manifestaciones y limitar las libertades civiles.
El Ejecutivo ha asegurado que la declaración del estado de excepción será considerada únicamente como último recurso si el diálogo no prospera. No obstante, las tensiones se han intensificado tras la muerte de un manifestante de 24 años durante un operativo policial-militar en La Paz. El gobierno inicialmente negó el uso de armas letales, pero posteriormente admitió el fallecimiento, lo que ha incrementado el descontento social y las críticas hacia la administración de Paz.
La situación en Bolivia sigue siendo tensa, con un gobierno que busca herramientas legales para controlar la crisis y una población movilizada que exige cambios profundos en la gestión del país. La promulgación de la Ley 1732 representa un giro significativo en la política de seguridad interna, mientras el diálogo entre las partes sigue estancado y las protestas continúan en diversas regiones.
Sigue la conversación en Facebook y revisa más actualizaciones de esta nota.
