La Policía Estatal Forestal inhabilitó seis hornos clandestinos y clausuró un aserradero en distintos puntos de la entidad poblana, como parte de una estrategia coordinada para frenar la tala ilegal y proteger los recursos naturales. Las acciones ocurrieron en los municipios de Puebla, Tetela de Ocampo y Zacatlán, y contaron con el respaldo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En la localidad de San Miguel Espejo, perteneciente al municipio de Puebla, los elementos estatales localizaron e inhabilitaron cinco hornos clandestinos que eran utilizados para la deshidratación de madera. Estas estructuras operaban al margen de la ley y representaban un riesgo tanto para el entorno forestal como para las comunidades cercanas, por lo que fueron desactivadas de manera inmediata.

De manera paralela, en el municipio de Tetela de Ocampo se logró la extinción de un horno más, con lo que se completó la cifra de seis hornos ilegales neutralizados en total. Durante ese operativo, también se detectó un predio con aparente tala ilegal, motivo por el cual se solicitó la intervención de la PROFEPA para realizar una inspección formal en el lugar y determinar las responsabilidades correspondientes.

La tercera acción se llevó a cabo en Zacatlán, donde se clausuró un aserradero que operaba sin los permisos exigidos por la SEMARNAT para la transformación del recurso maderable. La falta de acreditación legal para procesar madera constituye una falta grave contra la normatividad ambiental, pues impide el control y la trazabilidad del material forestal extraído en esa zona.

Estos operativos forman parte de una visión ambientalista impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública, que busca defender el patrimonio natural mediante la vigilancia activa y la aplicación de la ley. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las autoridades federales es clave para combatir delitos ambientales que afectan los bosques, el agua y la biodiversidad.

Las acciones en San Miguel Espejo y Tetela de Ocampo demuestran que la autoridad estatal mantiene presencia en zonas donde históricamente se han registrado aprovechamientos ilegales de madera. La inhabilitación de los hornos no solo detiene una actividad irregular, sino que también previene que la madera obtenida ilegalmente sea procesada y comercializada en el mercado.

Por su parte, la clausura del aserradero en Zacatlán envía una señal clara a quienes operan sin cumplir las disposiciones ambientales: la transformación de recursos forestales requiere de permisos y del cumplimiento de estándares establecidos por la SEMARNAT. Las autoridades recordaron que cualquier actividad relacionada con el aprovechamiento de madera debe realizarse bajo esquemas de sustentabilidad y legalidad.

La participación de la PROFEPA en la inspección del predio con aparente tala ilegal en Tetela de Ocampo refuerza la colaboración entre las autoridades locales y federales. Este tipo de intervenciones permiten recabar pruebas técnicas y jurídicas para sancionar a los responsables y, en su caso, iniciar procedimientos penales o administrativos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso de preservar los recursos naturales como parte de una estrategia integral contra la delincuencia que afecta el entorno. Se espera que los operativos continúen en otras regiones de la entidad, priorizando las zonas con mayor incidencia de tala clandestina y otros delitos ambientales.

Las autoridades no proporcionaron nombres de detenidos ni cifras adicionales sobre la madera decomisada, pues el comunicado oficial se centró en la inhabilitación de hornos, la clausura del aserradero y la coordinación con PROFEPA y SEMARNAT. No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública destacó que la vigilancia se mantendrá de forma permanente para defender el patrimonio natural de Puebla.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad irregular relacionada con la tala de árboles, la quema de madera o el funcionamiento de aserraderos sin permisos. La participación social es fundamental para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna y evitar que los bosques poblanos sigan siendo afectados por prácticas ilegales.