La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso local abre espacio de discusión para encontrar alternativas en cuanto al ejercicio de sus derechosEn la Ciudad de México se realizan acciones para cambiar la realidad de las personas adultas, asegura la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión

La diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso local, aseguró que se debe visibilizar la problemática de las personas mayores en la Ciudad de México y darles alternativas en cuanto al ejercicio de sus derechos, “pues es un sector prioritario que padece discriminación y olvido por parte de la sociedad”.

Al iniciar la mesa de trabajo “Diagnóstico de los factores que impiden el pleno goce de derechos de las personas mayores”, la legisladora impulsora de la mesa de trabajo indicó que en la capital de la República se realizan acciones para cambiar la realidad de las personas adultas.

“Se están recobrando los valores de la familia que teníamos olvidados, donde el respeto a nuestras personas mayores era la constante, no solamente por la edad, sino por la experiencia que de ellos debíamos obtener”, dijo.

En la mesa de trabajo, la legisladora estuvo acompañada de la abogada Angelina Hernández y del académico Julio César Ponce, ante quienes señaló que existen retos para adecuar los marcos normativos y administrativos para garantizar que las personas mayores accedan a la justicia con dignidad y respetando sus derechos humanos.

“Desde este Parlamento Abierto les damos voz a todos los que quieran participar y aportar algo, porque la nueva política social de la ciudad ha cambiado, ahora tiene un propósito: Reconocer y garantizar los derechos humanos de nuestros adultos”, resaltó.

Durante su participación, la Maestra Angelina Hernández Cruz criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconozca el beneficio de la Organización de las Naciones Unidas establecido en la Declaración de Brasilia, que reconoce que el envejecimiento es uno de los mayores logros de la humanidad, y decide reducir derechos de protección, “la simple edad implica un retroceso, una desventaja frente al hombre joven o en edad madura, dado que por más o menos dinero que tenga no podrá tener acceso a los factores de fuerza y salud que un hombre de 40 años tiene”, apuntó.

En la ponencia “Protección de los derechos de las personas mayores en los actos jurídicos”, hizo un llamado a integrar en la Ley de Amparo federal vigente a las personas mayores, ya que actualmente se contempla a los menores, discapacitados o indígenas.

“La Ley de Adultos Mayores tiene como finalidad lograr que tengan una vejez digna, por ello resulta ilógico que si las legislaciones federal y locales coinciden con el texto de la ONU y no hace distinción entre posición económica, social o cultural, la Corte no debería hacer una interpretación constitucional limitativa, como lo estableció el criterio 1399/2013 de la Ley de Amparo.

Por su parte, el maestro Julio César Ponce Quitzaman advirtió que ante la recomposición del núcleo familiar, que antes se integraba por padres, hijos y abuelos, hoy los adultos mayores han sido excluidos y sustituidos por hermanos, parejas y amigos, situación que deja a dicho sector en un estado de vulnerabilidad y abandono.