Reforma antilavado en México extiende controles a plataformas de criptomonedas
_ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el 13 de agosto de 2026 la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta modificación busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, con especial atención en las plataformas de criptomonedas.
La reforma impone nuevas obligaciones a los proveedores de servicios de activos virtuales. Deberán registrar todas las transacciones y conservar los registros durante diez años. También tendrán que identificar claramente a los beneficiarios finales y reportar cualquier operación sospechosa a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas.
Además, se refuerzan los controles sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y se exige la identificación del beneficiario controlador. Estas disposiciones alinean la normativa mexicana con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y responden a la presión de Estados Unidos para desarticular redes financieras del crimen organizado, como las del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La implementación será escalonada entre noviembre de 2026 y junio de 2027. Este periodo representa un desafío operativo para las empresas obligadas, que deberán adaptar sus sistemas y procesos de cumplimiento normativo para satisfacer las nuevas exigencias en tiempo y forma.
La creciente popularidad de las criptomonedas ha facilitado transferencias ilícitas transfronterizas, lo que motivó este endurecimiento regulatorio. Con la reforma, México busca prevenir el uso de activos virtuales para actividades ilegales y proteger la integridad de su sistema financiero, en línea con sus compromisos internacionales.
La reforma impone nuevas obligaciones a los proveedores de servicios de activos virtuales. Deberán registrar todas las transacciones y conservar los registros durante diez años. También tendrán que identificar claramente a los beneficiarios finales y reportar cualquier operación sospechosa a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas.
Además, se refuerzan los controles sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y se exige la identificación del beneficiario controlador. Estas disposiciones alinean la normativa mexicana con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y responden a la presión de Estados Unidos para desarticular redes financieras del crimen organizado, como las del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La implementación será escalonada entre noviembre de 2026 y junio de 2027. Este periodo representa un desafío operativo para las empresas obligadas, que deberán adaptar sus sistemas y procesos de cumplimiento normativo para satisfacer las nuevas exigencias en tiempo y forma.
La creciente popularidad de las criptomonedas ha facilitado transferencias ilícitas transfronterizas, lo que motivó este endurecimiento regulatorio. Con la reforma, México busca prevenir el uso de activos virtuales para actividades ilegales y proteger la integridad de su sistema financiero, en línea con sus compromisos internacionales.
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