Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, retomó sus funciones el 21 de agosto de 2026, luego de tres meses y medio de ausencia. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas suficientes para imputarle conductas penales relacionadas con las acusaciones de la justicia estadounidense que lo vinculaban con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya se había separado del cargo el 2 de mayo de 2026 para colaborar con las investigaciones de la FGR, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara, junto con otros nueve funcionarios, de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar narcóticos a cambio de sobornos. Entre los implicados estaban el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, quienes optaron por colaborar con las autoridades estadounidenses.

Durante su ausencia, el mandatario permaneció en México y reiteró su inocencia en múltiples ocasiones, calificando las acusaciones como falsas. Al regresar al Palacio de Gobierno, fue recibido por un grupo de madres buscadoras y reafirmó su compromiso con el pueblo sinaloense, asegurando que gobernará hasta el final de su mandato en octubre de 2027.

El caso tuvo relevancia nacional e internacional por sus implicaciones políticas y judiciales. La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 11 de agosto que Estados Unidos aún no había proporcionado la información necesaria para una solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rocha Moya. Sheinbaum subrayó que la decisión de regresar al cargo dependía exclusivamente de él.

La falta de pruebas concretas por parte de las autoridades estadounidenses y la determinación de la FGR de no imputar cargos permitieron que Rocha Moya retomara sus funciones como gobernador de Sinaloa. Este desenlace evidencia la complejidad de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de justicia y cooperación contra el narcotráfico.