La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso en marcha la Cruzada Nacional por la Seguridad Vial 2026-2030, una estrategia que busca prevenir y reducir las lesiones y muertes causadas por siniestros viales en México. Hasta el momento, 26 de las 32 entidades federativas han suscrito esta iniciativa, que forma parte de las acciones contempladas en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Sinamov) y da cumplimiento a la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

La directora de Movilidad y Seguridad Vial de la Sedatu, Paola Gómez, explicó que la Cruzada tiene como objetivo visibilizar tanto las acciones que ya se están implementando como aquellas que deben ejecutarse a corto plazo para reducir los siniestros viales. Estas acciones están alineadas con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2042 y se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Economía (SE) y los gobiernos estatales. “Es la oportunidad de saber qué acciones deben ajustarse a partir de la medición de resultados y llegar a la meta de reducir el 50 por ciento de las lesiones y muertes comprometidas a nivel internacional, por ello la importancia de que se sumen los 32 estados”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con datos oficiales, en México 40 personas sufren siniestros viales cada día, lo que se traduce en entre 14 mil y 16 mil muertes y lesiones anualmente. Las principales víctimas son infancias, mujeres y adultos mayores, quienes transitan a pie por las ciudades, así como motociclistas. Los principales factores de riesgo identificados son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y los distractores al conducir. Ante este panorama, la Cruzada contempla 28 acciones divididas en seis categorías para que las autoridades estatales y municipales puedan seleccionar las más adecuadas para salvar vidas.

Las seis categorías de acción son: 1) Colaboración, datos y voluntad política; 2) Infraestructura segura; 3) Vehículos seguros; 4) Personas usuarias seguras; 5) Respuestas tras los siniestros; y 6) Innovación y cambio de paradigma. Esta última establece que, si ninguna de las cinco medidas anteriores logra evitar el siniestro, el sistema de salud debe garantizar una atención que permita un buen diagnóstico y recuperación para las personas afectadas. Paola Gómez subrayó la importancia de diseñar ciudades pensando en las personas, lo que implica capacitar a todo el personal operativo y a los tomadores de decisiones en materia de seguridad vial. Además, instó a los estados a armonizar sus leyes locales con la Ley General de Movilidad desde una perspectiva de género e inclusión, ya que las calles actualmente no están diseñadas para los grupos poblacionales más vulnerables.