Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República han aprobado, en sesión extraordinaria, las reformas secundarias que regulan la elección de jueces, magistrados y ministros, en el marco de la reforma al Poder Judicial. Las modificaciones a las leyes secundarias, propuestas originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzaron con los votos favorables de Morena y sus aliados, mientras que la oposición votó en contra.

El dictamen, que incluye reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha sido remitido a la Mesa Directiva del Senado y será discutido en el Pleno este miércoles. Entre los cambios más destacados se encuentra la adición que otorga a los tres poderes de la Unión la capacidad de vetar las listas de candidaturas a jueces y magistrados de Distrito que elabore el Comité de Evaluación.

Este cambio fue impulsado por el senador del PT Manuel Ladrón y busca garantizar que los listados de candidatos puedan ser revisados por los poderes de la Unión. En caso de que los tres poderes rechacen la lista, el Comité deberá elaborar una nueva propuesta. El acuerdo surgió tras un diálogo entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, con el fin de mantener abierta la cooperación entre poderes.

Sin embargo, la reforma ha generado desacuerdos. El Partido Acción Nacional (PAN) se ha opuesto a los cambios y ha señalado que el Senado está actuando en desacato al no respetar suspensiones judiciales que frenan la implementación de la reforma judicial. El senador Ricardo Anaya ha expresado que Morena está utilizando las reformas para controlar quiénes serán los candidatos, lo que, a su juicio, compromete la independencia del Poder Judicial.

La senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, ha defendido las reformas, argumentando que establecen reglas claras para la elección de jueces y magistrados, garantizando que los derechos de los participantes estén protegidos y que puedan impugnar decisiones si no se les permite competir.