SHCP publica Reglas de Carácter General contra lavado de dinero con Enfoque Basado en Riesgo
_ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La publicación se da en el marco de la implementación de las reformas a la Ley y a su Reglamento, publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, lo que fortalece el marco regulatorio aplicable a quienes realizan Actividades Vulnerables y consolida el régimen preventivo en materia de prevención del lavado de dinero.
Las Reglas de Carácter General tienen como propósito desarrollar las disposiciones previstas en la legislación. En concreto, establecen criterios para su aplicación y precisan las obligaciones de los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su implementación, supervisión y verificación. Con ello se busca brindar mayor certeza jurídica y garantizar una aplicación homogénea de las disposiciones en la materia.
Entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley. Este modelo implica que quienes realizan Actividades Vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas. Las metodologías que se utilicen deberán fortalecer la gestión de riesgos y permitir una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
En el mismo sentido, las Reglas fortalecen las medidas de conocimiento del cliente o usuario. También se refuerza la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, además de los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos. Estas medidas forman parte de los estándares que deben cumplir los sujetos obligados para reducir la posibilidad de que sus actividades sean aprovechadas para operaciones ilícitas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de sus unidades, ejercerá sus atribuciones bajo un Enfoque Basado en Riesgo. Esto implica que las acciones de supervisión y verificación se orientarán hacia los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero. De esta forma, la autoridad concentrará sus esfuerzos en las áreas que representan un mayor riesgo para el sistema financiero y para la economía en general.
Las disposiciones incorporan un modelo de cumplimiento proporcional, mediante el cual las obligaciones y las acciones de supervisión se aplicarán considerando el nivel de riesgo de cada Actividad Vulnerable. Este esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles acordes con las características de cada sector. Así, las medidas no se aplican de manera uniforme a todos los sectores, sino que se adaptan al perfil de riesgo.
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual. El objetivo es facilitar su implementación y permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos internos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio. Con esta gradualidad se busca favorecer una transición ordenada y eficiente.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda refrenda su compromiso de fortalecer el sistema nacional para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La labor se realizará en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con lo que se contribuye a la protección de la integridad del sistema financiero y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero.
Las Reglas de Carácter General tienen como propósito desarrollar las disposiciones previstas en la legislación. En concreto, establecen criterios para su aplicación y precisan las obligaciones de los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su implementación, supervisión y verificación. Con ello se busca brindar mayor certeza jurídica y garantizar una aplicación homogénea de las disposiciones en la materia.
Entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley. Este modelo implica que quienes realizan Actividades Vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas. Las metodologías que se utilicen deberán fortalecer la gestión de riesgos y permitir una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
En el mismo sentido, las Reglas fortalecen las medidas de conocimiento del cliente o usuario. También se refuerza la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, además de los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos. Estas medidas forman parte de los estándares que deben cumplir los sujetos obligados para reducir la posibilidad de que sus actividades sean aprovechadas para operaciones ilícitas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de sus unidades, ejercerá sus atribuciones bajo un Enfoque Basado en Riesgo. Esto implica que las acciones de supervisión y verificación se orientarán hacia los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero. De esta forma, la autoridad concentrará sus esfuerzos en las áreas que representan un mayor riesgo para el sistema financiero y para la economía en general.
Las disposiciones incorporan un modelo de cumplimiento proporcional, mediante el cual las obligaciones y las acciones de supervisión se aplicarán considerando el nivel de riesgo de cada Actividad Vulnerable. Este esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles acordes con las características de cada sector. Así, las medidas no se aplican de manera uniforme a todos los sectores, sino que se adaptan al perfil de riesgo.
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual. El objetivo es facilitar su implementación y permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos internos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio. Con esta gradualidad se busca favorecer una transición ordenada y eficiente.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda refrenda su compromiso de fortalecer el sistema nacional para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La labor se realizará en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con lo que se contribuye a la protección de la integridad del sistema financiero y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero.
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