En el reporte que entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con motivo de la Glosa del Quinto Informe del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el Procurador General de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, asentó que en el caso de la Ciudad de México los delitos de alto impacto se redujeron 41.5 por ciento al comparar 2016 con 2012.
Hoy la CDMX ocupa el lugar 23 por cada 100 mil habitantes en materia de seguridad en los delitos de alto impacto donde el lugar 32 es el más seguro, considerándose que en la entidad viven nueve millones de personas y que durante el día se reciben tres millones más.
El documento señala que en el periodo que se informa, la Procuraduría atendió 270 mil 459 solicitudes ciudadanas en los Módulos de Atención Oportuna (MAO); inició 169 mil 323 carpetas de investigación; dictaminó 199 mil 30 peritajes; desahogó 85 mil 454 órdenes de investigación, y resolvió la situación jurídica de 47 mil 613 personas puestas a disposición del Ministerio Público.
Además, se celebraron 16 mil 440 audiencias ante los jueces de Control; se presentaron ocho mil 733 indagatorias ante el Poder Judicial; se cumplimentaron cinco mil 792 mandamientos judiciales y se obtuvieron cinco mil 311 sentencias, dictadas por los órganos jurisdiccionales.
De acuerdo con el documento, “la justicia eficaz y la ofensiva contra la impunidad tuvieron efectos en la reducción en los índices delictivos de alto impacto”.
En el periodo que se informa el delito de violación se redujo un 38.5 por ciento; el robo a transportista con y sin violencia 22.7%; el de secuestro 20.6%; el de robo a cuentahabiente saliendo de cajero con violencia 13.8%; el de robo a negocio con violencia 13.3%; el de robo a pasajero a bordo de taxi con violencia 12.8%, y el de robo a casa habitación con violencia 11.5%.
En este año de gestión se desactivaron 401 bandas integradas por mil 543 personas, destacan 15 dedicadas al robo a bordo de microbús; 25 al robo de vehículo; 79 al robo a transeúnte y 48 al robo a negocio con violencia.
En narcomenudeo se iniciaron mil 583 indagatorias, se vinculó a proceso a mil 61 imputados, se aseguraron 34 inmuebles, y se propuso ejercer la acción de extinción de dominio sobre 19.
El texto del Informe subraya la lucha contra la trata de personas, y destaca que en el periodo se implementaron 165 operativos, lo que resultó en la detención de 112 imputados por este delito y se iniciaron 16 carpetas de investigación; con ello se logró rescatar a 194 víctimas, de las cuales 19, son menores de edad.
Durante este ejercicio se iniciaron mil 357 carpetas de investigación por la comisión de delitos contra el medio ambiente y el entorno urbano, mientras que en materia de maltrato animal, se abrieron 214 indagatorias y se ejerció acción penal en 23 asuntos.
En atención a víctimas se dedica un extenso capítulo que detalla cómo se trabaja bajo criterios sociales dirigidos a atender, proteger, acompañar y brindar seguridad.
Mediante el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito se atendieron a 64 mil 662 personas, se realizaron 290 mil 683 orientaciones y acciones jurídicas, se llevaron a cabo, 65 mil 618 sesiones de trabajo social.
En el apartado que integra los resultados de la Policía de Investigación, describe que se atendieron 85 mil 454 órdenes de investigación y que se presentaron ante el Ministerio Público a 22 mil 775 personas detenidas en flagrancia en un año. A través de su Unidad de Investigación Cibernética, intervino en mil 464 asuntos relacionados con análisis de equipos de cómputo, telefonía celular y páginas web.
Por su parte, el Instituto de Formación Profesional de la PGJCDMX, capacitó 939 ministerios públicos, mil 33 policías de investigación, 144 peritos, 381 oficiales secretarios, quienes ya pueden ser promovidos como agentes del Ministerio Público, y se prepararon 68 operadores jurídicos para desempeñarse en actividades de mediación, asesoría y orientación jurídica.
El Instituto formó 91 Técnicos Superiores Universitarios y 291 estudiantes de licenciatura, en la carrera en Investigación Policial.
El documento contiene una evaluación y una ponderación crítica de los delitos que se incrementaron en el último año, son los casos de homicidio –la CDMX está en el lugar 22 a nivel nacional-, lesiones dolosas, y robo a transeúnte, entre otros, que obedecen a distintos factores, sin embargo, algo común es la portación y uso de armas de fuego.
Por ejemplo, el documento revela que en la Ciudad de México el 80 por ciento de los homicidios obedecen a venganzas y riñas, y que el 69 por ciento de todos los homicidios se realizan con arma de fuego, por esta razón el Gobierno de la Ciudad de México, en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, impulsa que los delitos que se cometan con arma de fuego se consideren graves y ameriten la prisión preventiva oficiosa.
Del mismo modo se propuso ante las Comisiones Nacionales de Procuración de Justicia y Seguridad Pública ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva cuando se comentan con violencia, en especial los casos de feminicidio y robo con violencia.
El documento plantea la necesidad de impulsar una estrategia integral de prevención social del delito que abarque desde una educación para la paz hasta la mejora de los espacios urbanos, bajo el concepto de que la política criminal y la política social deben caminar juntas.