El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves una nueva política que reserva la participación en las competencias femeninas olímpicas exclusivamente para mujeres de sexo biológico femenino. La norma, que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, excluye así a las atletas transgénero y a una parte importante de las personas intersexuales. La admisión estará condicionada a la realización de test cromosómicos, un mecanismo que ya se utilizó en el ámbito olímpico entre 1968 y 1996. Según el comunicado del COI, la participación está "reservada a personas de sexo biológico femenino", no portadoras del gen SRY. Solo podrán librarse de esta medida quienes demuestren una "insensibilidad total a los andrógenos", es decir, la incapacidad de sus cuerpos de utilizar testosterona. Esta política, la primera gran medida de la presidenta zimbabuense Kirsty Coventry desde su elección hace un año, no será retroactiva. Por lo tanto, no afecta medallas obtenidas anteriormente, como el oro olímpico de la boxeadora argelina Imane Khelif en París. La responsabilidad de organizar los test recaerá sobre las federaciones internacionales y las instituciones deportivas nacionales. Las pruebas se harán mediante saliva, raspado bucal o sangre y serán realizadas "una única vez en la vida del deportista". Esta medida ya está en vigor desde el año pasado en atletismo, boxeo y esquí. La decisión marca un cambio respecto a las reglas dictadas en 2021, que permitían a cada federación fijar su política. Además, alinea al COI con medidas previamente implementadas por decreto durante el segundo mandato del expresidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, la medida ha generado críticas. Un editorial del British Journal of Sports Medicine lo calificó como un "anacronismo nefasto", destacando la falta de "datos científicos de calidad" sobre ventajas deportivas en personas intersexuales portadoras del gen SRY. Ocho expertos de Naciones Unidas mostraron preocupación por la "opacidad" del trabajo del COI y abogaron por medidas basadas en pruebas sólidas y específicas por deporte. Desde un punto de vista legal, 22 juristas internacionales hicieron un llamamiento para rechazar los test genéticos, argumentando que violan leyes sobre no discriminación, bioética y protección de la vida privada. Andrea Florence, de la organización Sport and Rights Alliance, lamentó que el foco en las reglas de elegibilidad desvía la atención de problemas estructurales como "la financiación desigual, el acceso a la práctica deportiva, la diferencia de remuneración y las violencias" en el deporte femenino.