Habitantes de Yaxcopoil, en el municipio de Umán, Yucatán, lograron detener físicamente la entrada y operación de maquinaria pesada en los montes de su comunidad. La maquinaria realizaba labores de deforestación para la instalación de un banco de extracción de material pétreo perteneciente a la empresa Caminos y Puentes del Sureste S.A. de C.V. (CUPSSA). La acción ciudadana se produjo ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, a pesar de que el proyecto había sido autorizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán en octubre de 2023 mediante una Manifestación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, en 2024 la situación cambió cuando la empresa solicitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de suelo forestal en el mismo predio. La dependencia federal negó el permiso por incumplimientos ambientales. Aun así, la empresa CYPSSA inició la deforestación, desacatando la resolución federal, sin consultar a la comunidad y violando el ordenamiento ecológico. Los trabajos ya han causado daños en cuevas, cuerpos de agua y zonas arqueológicas del área.
La preocupación comunitaria es múltiple. Los pobladores temen que las explosiones para extraer material provoquen daños estructurales irreversibles en sus viviendas y edificios públicos antiguos, como la escuela primaria. Guilbardo Huchim, poblador, señaló: 'Nos dijeron que nos van a hacer un fraccionamiento... Ahí están los problemas... que se están cuarteando las casas'. Dulce Mataí, otra afectada, cuestionó: '¿y los niños dónde van a quedar?... la vida de la gente dónde queda'. Simultáneamente al bloqueo comunitario, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llegó a la zona para evaluar los daños reportados en vestigios arqueológicos.
Ante este escenario, los vecinos exigen una intervención urgente y coordinada por parte de Semarnat, el INAH, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Gobierno del Estado de Yucatán para frenar definitivamente las obras ilegales y hacer cumplir las resoluciones ambientales y culturales vigentes.