Debe también reconocerse la existencia de otro tipo de núcleos sociales de origen indígena, como aquellos que por vía de la migración se han asentado en el territorio de la Ciudad de México: Héctor Serrano Azamar.

Los Pueblos y Barrios Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes, deben contar con fórmulas jurídicas propias, justas y equilibradas, para que puedan presentar, con independencia a los partidos políticos, candidaturas a puestos de representación política en los niveles municipal, estatal y federal, afirmó.

 
Héctor Serrano Azamar, candidato a diputado local del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano por el Distrito 18 en Álvaro Obregón, aseguró que el Poder Legislativo de la CDMX, es quien debe establecer los criterios y definir un nuevo listado de pueblos originarios, en el que se reconozca la condición de aquellas comunidades que son integrantes de un pueblo indígena, por su unidad social, económica y cultural.

Con esto se saldará una deuda histórica de más de 500 años que el Estado tiene para con estos Pueblos Originarios y al mismo tiempo se evitarán la molestia y la confusión entre las comunidades que no han sido reconocidas, y en el más justo derecho, se lo merecen, indicó.

Asimismo, el candidato Serrano Azamar informó que también debe reconocerse, como parte de esa misma condición pluricultural, plurilingüística y pluriétnica, la existencia de otro tipo de núcleos sociales de origen indígena, como aquellos que por vía de la migración se han asentado en el territorio de la Ciudad de México, conformando lo que se ha dado en llamar Comunidades Indígenas Residentes lo que conllevaría a un reconocimiento de sus formas propias de organización social, política y cultural.

Las consecuencias de este reconocimiento resultarán significativas de cara a la organización municipalista que se avecina pues estos sub-sistemas de gobierno estarían representados con propiedad en el cabildo, y funcionarían bajo la modalidad de “regidores de pueblo” o “presidentes de comunidad”.

Serrano Azamar aseguró que la aplicación del denominado “sistema de usos y costumbres”, puede extenderse a los ámbitos municipales donde no existan Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, beneficiando así la constitución de nuevas estructuras democráticas en las que se implique el conjunto de la población.
Ello valdrá de manera relevante para que se logre una inscripción justa y natural de estos organismos en los denominados procesos sociales y políticos de participación ciudadana.

Los Pueblos y Barrios Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes deben contar con fórmulas jurídicas propias, justas y equilibradas, para que puedan presentar, con independencia a los partidos políticos, candidaturas a puestos de representación política en los niveles municipal, estatal y federal. Se trataría, con ello, de hacer extensivo a dichos pueblos, barrios y comunidades un derecho que ya se contempla en la legislación para las denominadas candidaturas independientes.