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El Congreso de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) valoran un acuerdo de colaboración.
El proyecto denominado Asesoría técnica para el fortalecimiento institucional del sistema de seguridad y justicia de la Ciudad de México tendría un costo de 250 mil dólares anuales.
La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino analiza la propuesta de firmar un convenio de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el desarrollo de una estrategia en contra de la delincuencia.
El proyecto denominado Asesoría técnica para el fortalecimiento institucional del sistema de seguridad y justicia de la Ciudad de México tendría un costo de 250 mil dólares anuales, que serían cubiertos con recursos del Congreso capitalino.
“El tema de la inseguridad no tiene que ver con filias ni con fobias políticas, es un reclamo de las y los ciudadanos en el que todos estamos trabajando de la mano”, afirmó la diputada Leticia Varela Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
En reunión de trabajo de la comisión, la legisladora de MORENA resaltó la importancia de que todos los grupos parlamentarios del Congreso local participen en las reuniones de esta instancia, por lo importante del tema, y ante la próxima aprobación de la ley en la materia. “Ojalá nos acompañen para robustecer así esta ley que ya está en puerta”.
Javier Hernández Muñoz, titular de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó a las y los legisladores esta iniciativa de cooperación, que permitiría “fortalecer las capacidades de la Procuraduría General de Justicia capitalina en su transición a una Fiscalía General de la Ciudad de México”.
Explicó que esta propuesta incluye un diagnóstico sobre la consolidación del Sistema de Justicia Penal en la capital, con recomendaciones específicas para capacitar a los operadores del sistema, fortalecer institucionalmente al Poder Judicial con respeto a los derechos humanos, e incorporar a la legislación un enfoque de seguridad ciudadana, con la prevención del delito y el consumo de drogas como ejes.
Asimismo, considera la sistematización de las mejores prácticas locales en materia de seguridad ciudadana e impartición de justicia, con la incorporación de experiencias exitosas realizadas en otros países y de investigaciones efectuadas por la ONU, además del impulso de una campaña de prevención.
Tras escuchar la presentación, la diputada Varela Martínez requirió más datos de la relación costo-beneficio de signar este convenio entre la UNODC y el Congreso capitalino.
La diputada Guadalupe Aguilar Solache (MORENA) preguntó sobre los principales beneficios del convenio y los elementos que consideran esenciales para el cambio positivo de la PGJ a Fiscalía General.
El diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que éste es un tema relevante para la capital, como una visión integral para una política criminal pública, la cual ya ha tenido avances importantes como la aprobación de una nueva Ley de Justicia Cívica y el desarrollo de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como la transición de la PGJ a una Fiscalía.
Señaló como puntos importantes para incorporarse a este proyecto la evaluación del nuevo Sistema Penal Acusatorio y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de todas las instancias relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia.
En este sentido, el legislador de la fracción parlamentaria de MORENA, aseguró que históricamente no existe una buena vinculación entre la Secretaria de Seguridad con la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia.
El diputado Federico Doring Casar recordó que en la VI Legislatura de la ALDF el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional trabajó la Ley de Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México en coordinación con la UNODC, la cual obtuvo un reconocimiento a nivel internacional.
Ante los cuestionamientos de las y los legisladores, el representante de la UNODC respondió que en todos sus proyectos existe una Junta de Gobierno integrada por todos los actores involucrados, que en este caso serían los diferentes grupos parlamentarios, para que conozcan en forma permanente los avances, desafíos y obstáculos, como un mecanismo para garantizar que todos los participantes estén bien informados.
Asimismo, propuso la generación de mesas de trabajo y análisis para discutir todas las fuentes de información y aseguró que una de las prioridades de la ONU es la imparcialidad.
Javier Hernández destacó que el costo del proyecto -250 mil dólares- incluye sólo un financiamiento básico, ya que al trabajar en forma paralela otros proyectos en la Ciudad de México y el país se obtienen economías importantes y se aprovechan todas las experiencias y aportaciones de campañas que ya están financiadas, así como diversos mecanismos internacionales de colaboración. Indicó que la UNODC puede apoyar también con la ayuda para conseguir financiamiento internacional para otros proyectos locales.
