Impulsan en el Senado nueva Ley General de Comunicación Social
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Fija un tope máximo que no exceda el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público.
El senador Alejandro García Sepúlveda propuso una iniciativa, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.
Prevé mecanismos institucionales para el control del gasto en publicidad y el combate a la discrecionalidad, comentó.
Se crea un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social.
Dicho comité, además de involucrar al Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley, contará con autonomía para tomar decisiones y capacidad para supervisar la correcta aplicación de la legislación.
Fija un tope máximo a los gastos en publicidad oficial para que no excedan el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público, y prohíbe las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental.
No podrá asignarse a un solo medio de comunicación más del 10 por ciento del presupuesto total destinado a dicho rubro; la emisión de propaganda durante los procesos electorales y se prohíbe también la propagada personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos.
La propuesta turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, plantea la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya información será transparente y administrada por el Instituto.
Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, dijo, no contribuye a detener el despilfarro de recursos públicos ni la opacidad, no detiene la publicidad personalizada, ni el uso político de la publicidad, incluso presenta retrocesos.
Fija un tope máximo que no exceda el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público.
El senador Alejandro García Sepúlveda propuso una iniciativa, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.
Prevé mecanismos institucionales para el control del gasto en publicidad y el combate a la discrecionalidad, comentó.
Se crea un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social.
Dicho comité, además de involucrar al Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley, contará con autonomía para tomar decisiones y capacidad para supervisar la correcta aplicación de la legislación.
Fija un tope máximo a los gastos en publicidad oficial para que no excedan el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público, y prohíbe las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental.
No podrá asignarse a un solo medio de comunicación más del 10 por ciento del presupuesto total destinado a dicho rubro; la emisión de propaganda durante los procesos electorales y se prohíbe también la propagada personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos.
La propuesta turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, plantea la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya información será transparente y administrada por el Instituto.
Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, dijo, no contribuye a detener el despilfarro de recursos públicos ni la opacidad, no detiene la publicidad personalizada, ni el uso político de la publicidad, incluso presenta retrocesos.
