Fija un tope máximo que no exceda el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público.

El senador Alejandro García Sepúlveda propuso una iniciativa, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.

Prevé mecanismos institucionales para el control del gasto en publicidad y el combate a la discrecionalidad, comentó.

Se crea un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social.

Dicho comité, además de involucrar al Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley, contará con autonomía para tomar decisiones y capacidad para supervisar la correcta aplicación de la legislación.

Fija un tope máximo a los gastos en publicidad oficial para que no excedan el 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público, y prohíbe las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental.

No podrá asignarse a un solo medio de comunicación más del 10 por ciento del presupuesto total destinado a dicho rubro; la emisión de propaganda durante los procesos electorales y se prohíbe también la propagada personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos.

La propuesta turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, plantea la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya información será transparente y administrada por el Instituto.

Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, dijo, no contribuye a detener el despilfarro de recursos públicos ni la opacidad, no detiene la publicidad personalizada, ni el uso político de la publicidad, incluso presenta retrocesos.