El encuentro, coordinado por la Segob y el INPI, representa la segunda fase de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre sus derechos.

Diego Prieto, titular del INAH, expresó que “es necesario dejar de hablar de los pueblos indígenas en tiempo pasado, y comenzar a hacerlo en presente y futuro”.

Al abrir sus puertas al Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, el Museo Nacional de Antropología (MNA) refrenda que es “casa de todos, de todos los pueblos, de todas las lenguas, culturas, historias e identidades”, manifestó el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), anfitrión de este proceso consultivo que derivará en cambios para el reconocimiento a plenitud de los derechos de estas sociedades.

El encuentro es coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y representa la segunda fase de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de estos pueblos; de ahí que el museo es testigo de un acontecimiento histórico, o en palabras de la titular de la Segob, la doctora Olga Sánchez Cordero, “de un ejercicio novedoso e inédito de democracia participativa”.

Diego Prieto recordó que el MNA fue concebido para demostrar la continuidad de las culturas indígenas en el presente; sin embargo, para muchos, las salas etnográficas —que dan cuenta de su modo de vida— son ejemplo “de algo que fue glorioso, y ahora es pobre”. Idea que en pleno siglo XXI y en un cambio de régimen —continuó—, ya no tiene cabida: “es necesario dejar de hablar de los pueblos indígenas en tiempo pasado, y comenzar a hacerlo en presente y futuro”.

Los 68 pueblos indígenas del país, así como los afrodescendientes, “han sufrido una doble opresión, la de la intolerancia y la de la desigualdad”. La primera, señaló el director general del INAH, porque los gobiernos en turno promovieron la concepción de un México homogéneo, en lengua, ideología, y en términos legales y de convivencia. Tal idea entró en crisis a fines del siglo XX.

En tanto que la desigualdad —dijo—, los recientes datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales arrojan la cifra de 54 millones de mexicanos en la línea de pobreza, no dejan lugar a duda que justamente un grueso porcentaje corresponde a indígenas y afrodescendientes, sectores que han sido históricamente discriminados, despreciados y segregados.

El antropólogo destacó que la lucha por el reconocimiento de los derechos de estos pueblos, tiene casi tres décadas de haber comenzado, “cuando en 1992, al calor del movimiento de los 500 años de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, el Legislativo se vio obligado a incluir en el artículo cuarto de la Constitución, que México es una nación pluricultural, cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. En el 2001 vino otra reforma, y esas frases pasaron al artículo segundo”.

En su opinión, dijo, en esta agenda quedan pendientes al menos cinco temas: la carencia de una legislación federal en la materia, la autonomía de los pueblos, lo respectivo a la defensa del territorio, la protección del patrimonio biocultural y la inclusión del pueblo afromexicano en estos avances.

Al inaugurar el foro, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a conmemorarse el próximo 9 de agosto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que el primer compromiso del gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hace 8 meses, fue atender las demandas y necesidades de estos grupos, en virtud de que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, “encarna un profundo sentimiento de justicia social”.

Desde ese momento —agregó—, la Segob se ha dado a la tarea de coordinar esfuerzos para tender puentes entre el gobierno y el pueblo, ejemplo de ello es la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos Indígenas y Afromexicano, de la cual se han realizado 54 asambleas regionales con la participación de más de dos mil representantes y 23 mil personas.

Cordero abundó que se trata de un tema previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de socializar el poder político, de manera que el proyecto de nación se construya desde abajo. La idea “es forjar un nuevo pacto social que no excluya ni deje atrás a nadie”.

Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, resaltó que ahora se cuenta con un gobierno abierto al diálogo y la escucha, y con el compromiso firme de atender demandas legítimas e históricas de los pueblos indígenas. Este trabajo, reiteró, debe ser colectivo y no dejarlo únicamente en las manos de las autoridades y las instituciones, sino que la sociedad debe sumarte a él.

El foro contó con las voces de Alfredo Santiz Gómez, presidente municipal de Oxchuc, Chiapas; de Elena de la Luz Ruiz Salinas, representante del pueblo afromexicano; de Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados; de Erendira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; de Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob; de Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas; y de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.