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Viernes 29 de marzo de 2024

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La protección a los Derechos Humanos de periodistas requiere de recursos adicionales

La protección a los Derechos Humanos de periodistas requiere de recursos adicionales

La protección a los Derechos Humanos de periodistas requiere de recursos adicionales

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Presentan punto de acuerdo para que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación otorgue una partida adicional de 126 mdp.

El senador Emilio Álvarez Icaza presentó un punto de acuerdo, para exhortar a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación a que otorgue una partida adicional de 126 millones de pesos que solicitó la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Para garantizar la continuidad de las medidas de protección a 702 personas y 51 colectivos que se encuentran protegidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Pidió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, consideren al menos 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, para la operación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El senador sin partido destacó, entre otras cifras, que sólo en la actual Administración 106 personas, defensoras de derechos humanos, han sido asesinadas y 81 se encuentran en calidad de desaparecidas.

Para los periodistas, advirtió Álvarez Icaza el escenario “tiende a ser mucho peor”, toda vez que del 2003 al 2018, se reportan 41 asesinatos de comunicadores y en lo que va de este año se registraron nueve. Agregó que en su informe “Democracia simulada”, la organización Artículo 19 reporta que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo.

En este diagnóstico, advirtió, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que opera desde 2012, se queda sin recursos año con años por estas fechas y eso significa que a partir de octubre no se implementarían más de tres mil 500 medidas a favor 702 dos personas y 51 colectivos.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.


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