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En Sinaloa, un juez federal se negó a suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Púbicos en contra de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
El juez séptimo de distrito en Sinaloa, José Francisco Pérez Mier, señaló que al aceptar a trámite uno de los 512 amparos colectivos que se han promovido contra esa ley, se generaría la comisión de un delito por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
“Si se concediera la suspensión de los citados actos, se generaría que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los funcionarios que dependen de éste, cometieran actos contrarios a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, explicó en un acuerdo emitido ayer.
Detalló que la actualización de la conducta ilegal se daría porque el citado Consejo y sus empleados no podrían tomar como base el salario del Presidente para el pago del salario y prestaciones de los quejosos. “Lo que actualizaría la conducta delictiva que prevé la primera fracción del artículo 217 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, en el caso que fueran mayores a las percepciones del Presidente”, agregó.
Los quejosos, cuyo representante común es el magistrado Carlos Alberto Sosa, impugnaron el decreto de reforma y expedición de diversas leyes que, en conjunto, obligan a una reducción salarial a empleados del gobierno con el fin de que nadie gane más de 108 mil pesos.
