Acusan a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en corte de EU
_ El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La denuncia, revelada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, señala que los implicados conspiraron para importar grandes cantidades de narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en Nueva York.
Entre los acusados se encuentran Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito Millán. Estos individuos, que ocupan o han ocupado cargos públicos y de seguridad en Sinaloa, presuntamente facilitaron las operaciones del cártel, permitiendo el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense. La acusación detalla que colaboraron con la facción liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos'.
Según la denuncia, los funcionarios acusados habrían utilizado sus posiciones para proteger las actividades del cártel, filtrando información y permitiendo actos de violencia. Además, se alega que Rocha Moya obtuvo la gubernatura con el respaldo de 'Los Chapitos', quienes habrían intimidado a sus oponentes políticos. Las penas que enfrentan los acusados podrían incluir cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Hasta el momento, ninguno ha sido detenido.
El fiscal Jay Clayton enfatizó que los cárteles prosperan debido a la corrupción de funcionarios públicos, y que esta acusación refleja el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción que facilita el tráfico de drogas. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió afirmando que no se ha presentado evidencia concreta y subrayó que la Fiscalía General de la República debe revisar cualquier acusación de este tipo. La reacción oficial contrasta con la gravedad de los señalamientos.
Esta acusación es relevante porque pone de manifiesto la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales de Sinaloa, un estado históricamente asociado con el narcotráfico. Además, refleja la creciente presión de Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado, lo que podría tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales y en la lucha contra el narcotráfico en la región. El caso sigue en desarrollo.
Entre los acusados se encuentran Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito Millán. Estos individuos, que ocupan o han ocupado cargos públicos y de seguridad en Sinaloa, presuntamente facilitaron las operaciones del cártel, permitiendo el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense. La acusación detalla que colaboraron con la facción liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos'.
Según la denuncia, los funcionarios acusados habrían utilizado sus posiciones para proteger las actividades del cártel, filtrando información y permitiendo actos de violencia. Además, se alega que Rocha Moya obtuvo la gubernatura con el respaldo de 'Los Chapitos', quienes habrían intimidado a sus oponentes políticos. Las penas que enfrentan los acusados podrían incluir cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Hasta el momento, ninguno ha sido detenido.
El fiscal Jay Clayton enfatizó que los cárteles prosperan debido a la corrupción de funcionarios públicos, y que esta acusación refleja el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción que facilita el tráfico de drogas. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió afirmando que no se ha presentado evidencia concreta y subrayó que la Fiscalía General de la República debe revisar cualquier acusación de este tipo. La reacción oficial contrasta con la gravedad de los señalamientos.
Esta acusación es relevante porque pone de manifiesto la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales de Sinaloa, un estado históricamente asociado con el narcotráfico. Además, refleja la creciente presión de Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado, lo que podría tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales y en la lucha contra el narcotráfico en la región. El caso sigue en desarrollo.
