El senador Alberto Anaya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso prohibir el uso de redes sociales a menores de trece años y establecer un límite de edad para ingresar a plataformas cuyas formas de interacción, difusión de contenidos y recopilación de información representen un riesgo para la infancia. La iniciativa busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propuesta establece que las niñas y niños menores de trece años no podrán crear, contratar, registrar, mantener ni utilizar cuentas personales en redes sociales digitales. Asimismo, obliga a las plataformas que presten servicios de redes sociales a implementar mecanismos de verificación de edad e impedir la creación y permanencia de cuentas de quienes no hayan cumplido esa edad. Los mecanismos, plantea, deben ser proporcionales y respetar la privacidad de los menores.

Anaya afirmó que la medida tiene carácter preventivo. “Cuando una niña, un niño sufre acoso o establece contacto con alguien que busca aprovecharse de su confianza, no basta con retirar la publicación o cerrar la cuenta; la información puede haberse compartido y el daño puede continuar fuera de la plataforma. Por ello, la protección debe comenzar antes del acceso a esos espacios”, declaró. El legislador aclaró que la prohibición se dirige exclusivamente al uso de redes sociales y preserva el acceso de los menores a otras herramientas digitales necesarias para aprender, informarse y ejercer sus derechos.

El senador advirtió que proteger a la infancia no puede servir de pretexto para solicitar documentos innecesarios, conservar información sensible por tiempo indefinido o ampliar la recopilación de datos personales. “La medida tampoco debe convertir a niñas y niños en responsables de una falta. Si una persona menor de trece años logra ingresar a una plataforma, la respuesta debe centrarse en protegerla y en revisar si el proveedor cumplió sus obligaciones”, señaló.

Sobre el acompañamiento familiar, Anaya sostuvo que las madres, los padres y las personas cuidadoras seguirán desempeñando un papel esencial en la vida digital de los niños, aunque reconoció que ninguna familia puede supervisar de manera permanente cada mensaje, contenido recomendado o cambio en el funcionamiento de una aplicación. Añadió que la prohibición debe acompañarse de educación digital adecuada a cada etapa de desarrollo, y que el límite de edad da tiempo para fortalecer esas capacidades antes de permitir el uso de redes sociales.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y posterior dictaminación.