El Gobierno de México alcanzó un acuerdo con liderazgos locales de productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, tras semanas de diálogo encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué. Este pacto busca responder a la baja internacional del precio del maíz, garantizar precios justos y fortalecer la soberanía alimentaria del país.

Entre los compromisos acordados se encuentra un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz para productores del Bajío con hasta 20 hectáreas, lo que beneficiará a cerca de 90 mil agricultores y cubrirá aproximadamente 1 millón 400 mil toneladas de grano. Este programa es resultado de un esfuerzo conjunto entre la federación y los gobiernos estatales, orientado a respaldar a los pequeños y medianos productores ante los bajos precios internacionales.

Además, por instrucción de la Presidenta, el programa Cosechando Soberanía se ampliará a productores de maíz. Este esquema ofrece créditos con una tasa preferencial del 8.5 por ciento anual e incluye seguros agropecuarios que protegen a las y los beneficiarios ante desastres naturales o plagas, evitando endeudamientos por causas de fuerza mayor.

De manera estructural, se anunció la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, un mecanismo que establecerá precios de referencia, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y la industria, y contará con un marco jurídico sólido y transparente. Con esta medida, el Gobierno de México busca reducir la incertidumbre del campo, fortalecer la producción nacional y asegurar que las cosechas sean adquiridas a precios justos.

El acuerdo también contempla mesas de diálogo entre productores y compradores, con el acompañamiento del gobierno federal y los gobiernos estatales, para garantizar condiciones de mercado equitativas. Tras la firma del acuerdo, los liderazgos locales se comprometieron a liberar las vías bloqueadas en la región del Bajío, en reconocimiento a la respuesta del gobierno a sus demandas históricas.