Se atendieron los casos de familias que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno de las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Santo Domingo Ixcatlán –ambas ubicadas en dicha entidad federativa– para establecer la ruta de atención para un retorno seguro garantizando su derecho al territorio.

También se revisó el caso de familias de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla Villa de Guerrero, donde existe un conflicto agrario, y por lo cual se revisan acciones para remover los factores de riesgo.

Se contó con la participación de representantes de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General, ambas del estado de Oaxaca, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Dichas reuniones se dan en cumplimiento al artículo 25 del Reglamento de la CIDH, que señala la obligación de adoptar medidas para salvaguardar la vida e integridad de las familias, a fin de evitar un daño irreparable.

El Gobierno de México reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por lo que impulsa acciones específicas, garantizando un enfoque diferencial, especializado y atendiendo las dinámicas socioculturales de los pueblos y comunidades indígenas.