El gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, puso en marcha el 23 de mayo de 2026 el operativo denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, con el propósito de restablecer el suministro de alimentos, medicamentos y oxígeno a las ciudades de La Paz y El Alto. Estas urbes llevaban más de 20 días aisladas debido a bloqueos en las principales rutas de acceso, lo que generó una crisis humanitaria que ya ha cobrado al menos tres vidas por falta de atención médica.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Desde las primeras horas del sábado, las fuerzas combinadas se movilizaron en la ruta La Paz-Oruro utilizando maquinaria pesada para remover escombros, piedras y otros obstáculos colocados por los manifestantes. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que la prioridad era permitir el paso de insumos esenciales sin recurrir al uso de la fuerza, apostando por el diálogo con los sectores movilizados.

La intervención contó con la participación de organizaciones como la Cruz Roja Boliviana, la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que actuaron como observadores para garantizar que el operativo se desarrollara de manera pacífica y respetuosa de los derechos humanos. Estas instituciones verificaron que el desbloqueo no derivara en enfrentamientos violentos y que la ayuda humanitaria llegara efectivamente a la población afectada.

La crisis se originó por protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana, sindicatos campesinos y mineros, que exigen aumentos salariales, suministro de combustible y mayor acceso a la minería. Los bloqueos paralizaron el acceso a La Paz y El Alto, provocando escasez de alimentos y oxígeno medicinal, así como pérdidas económicas diarias estimadas en más de 50 millones de dólares. Unos 5,000 vehículos permanecen varados en las carreteras, mientras la inflación alcanzó el 20% el año anterior.

El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses, enfrenta una severa crisis política y económica. La implementación del corredor humanitario busca aliviar la situación crítica de desabastecimiento en las principales ciudades del país y representa un esfuerzo por restablecer el orden. No obstante, la efectividad de esta medida dependerá de la capacidad del gobierno para negociar con los sectores movilizados y encontrar soluciones a las causas estructurales que originaron las protestas.